Los supermercados españoles llevan en la diana del Gobierno de PSOE y Podemos desde que comenzara la espiral inflacionista. Ahora, con las protestas de los agricultores europeos en auge, también se ha sumado buena parte del sector agrícola a los ataques a la distribución. Eso sí, esto no es nuevo: el campo lleva décadas acusando a los supermercados de asfixiarles con los precios.
En el caso de España, no ha llegado la sangre al río durante las protestas. En días puntuales, algunos manifestantes bloquearon centros logísticos que suministran a cadenas como Mercadona o derramaron algún producto en las puertas de los establecimientos, pero los incidentes no han pasado a mayores. Más graves han sido los episodios en países como Francia, donde los supermercados han sufrido hasta asaltos en los establecimientos por parte de algunos agricultores.
Podemos, enemigos de los supermercados
"Saqueadores", "especuladores", "capitalistas salvajes", "se están forrando"... Aunque pudiera parecerlo, estos insultos hacia los supermercados no provienen de radicales manifestantes europeos, sino de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez pertenecientes, sobre todo, a Podemos. Durante la escalada del IPC -que todavía sigue erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos-, el ala más radical del Ejecutivo no ha dudado en señalar a los malvados supermercados como los responsables de la subida meteórica del precio de los alimentos.
De hecho, Ione Belarra, Pablo Echenique o Yolanda Díaz han liderado todo tipo de rocambolescas propuestas para poner coto al negocio de la distribución, como intervenir el precio de las tiendas y hasta la creación de un supermercado público. Por fortuna, no han llegado a materializarse.
Eso sí, aunque finalmente las ideas más liberticidas contra los supermercados no se han ejecutado en España, desde el Consejo de Ministros, el Ejecutivo de Sánchez sí ha puesto en marcha medidas que están perjudicando considerablemente al sector. Lo mismo ocurre con algunas normas autonómicas y hasta europeas. Estas son las más dañinas, tal y como recoge la patronal de la gran distribución Anged a la que pertenecen El Corte Inglés o Alcampo.
Torpedeo fiscal
El 1 enero de 2023 entró en vigor el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables. Hasta noviembre de 2023 (último mes con datos disponibles) ha generado 549 millones de euros en ingresos públicos extra. En plena crisis inflacionista, un impuesto que afecta directamente al sector alimentario y de bebidas, al farmacéutico, al cosmético etc, y por ende, al consumidor final, no podría resultar más inoportuno. Además, su implantación está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza burocrático para las empresas afectadas a lo que hay que sumar el coste económico que implica la medida. España es el único país con un tributo similar.
El Gobierno también ha realizado cambios en el Impuesto sobre Gases Fluorados con el objetivo de aumentar la recaudación. Y lo ha conseguido. Este tributo afecta a todo tipo de equipos de refigeración, como aires acondicionados o congeladores, por lo que golpea directamente al supermercado. Hasta noviembre, Hacienda recaudó por este epígrafe 109 millones de euros, un 32,5% más que un año antes. A esto se le suma que Bruselas planea más restricciones a los equipos de refrigeración.
Dentro del torpedeo fiscal que sufren los supermercados, cabe recordar la subida del IVA a los refrescos del 10% al 21% en 2021. También afecta al sector la subida sistemática de las cotizaciones sociales que golpea a todas las empresas y trabajadores del país con la excusa del Gobierno de que es necesario para pagar las pensiones de los jubilados del baby boom.
A nivel autonómico, Cataluña, Navarra, Asturias, Aragón y Valencia tienen activos un impuesto específico a las grandes superficies.
Normativa climática y más costes
Los supermercados españoles también se enfrentan a nuevas restricciones justificadas por el Ejecutivo de Sánchez en el cuidado del medioambiente. Las obligaciones de reutilización envases y servicio de retorno, la reserva del 20% tienda para venta a granel o la obligación de permitir que los clientes se lleven los productos en un tupper de su casa son algunas de las más llamativas. El Gobierno también ha establecido una norma de obligatoriedad de puntos de recarga eléctrica 2 años antes que la UE. "Estamos adelantándonos a la normativa europea en materia de restricciones al sector. Parece que quieren ser los primeros de la clase" apuntan fuentes del sector.
A nivel autonómico, los supermercados también se encuentran con costosas normas de aplicación en el etiquetado de las lenguas cooficiales o con exigencias regionales diferentes en las normativas de huella carbono. Además, las restricciones en logística urbana, con las zonas de bajas emisiones de las diferentes ciudades, también dificultan su negocio. Todas estas trabas aumentan los costes de actividad del sector, lo que repercute directamente en el precio final que paga el consumidor.