El campo ha empezado una seria de movilizaciones contra el Gobierno y las reformas europeas ante la pérdida de márgenes y la imposibilidad de competir con un listado de exigencias ecologistas interminable. Y los datos laborales les dan la razón. Los últimos registros de la Seguridad Social prueban que, sólo en el mes de enero, el número de agricultores lanzados a la lista del paro se ha duplicado. Y eso viniendo de un 2023 en el que ya más de 16.000 perdieron su empleo.
Se trata de los datos oficiales de la Seguridad Social. Y revelan la huella de los golpes de Pedro Sánchez y del ecologismo de la UE al campo. Subidas fiscales, requisitos ecologistas, prohibiciones de fertilizantes, imposiciones animalistas, rebaja en la práctica del acceso a los fondos PAC, etc, han tenido su repercusión laboral. Y muy profunda.
En 2023, 16.341 agricultores fueron lanzados al paro. Y, ahora, en el arranque del año, 16.315 acaban de compartir el mismo destino. Medido en términos de enero a enero, el resultado, de hecho, casi calca la suma de esas dos cifras. Según el registro de la Seguridad Social, 28.984 trabajadores inscritos en el sector especial agrario, han dejado de tener trabajo. Casi 30.000 personas en un sector que no ha dejado de recibir motivos de preocupación.
Y no es el único sector que ha sentido el golpe de las reformas. Otro muy llamativo es el de los empleados de hogar, que ha perdido en un año 4.669 cotizaciones después de que elevara sus costes sociales el Gobierno.
Pero el campo, de hecho, se ha convertido en un sector laboral especialmente afectado en un momento en el que el maquillaje de los fijos discontinuos hace difícil un análisis en profundidad.
Pero, pese a ello, los datos oficiales de la Seguridad Social reflejan con claridad que la política agraria de este gobierno ha dejado una huella clara en el campo: la variación anual absoluta de 2023 refleja esa cifra de 16.341 trabajadores menos afiliados al sistema especial agrario, con una pérdida de 2,31% de los profesionales del campo en sólo un año, y ahora directamente se duplica en un mes.
Las asociaciones agrarias como ASAJA llevan mucho tiempo denunciando que el golpe regulatorio se dejaría notar. Y es que se ha implantado una política de ataque al campo que ha pulverizado su capacidad competitiva. Fue hace menos de medio año cuando el ministro de Agricultura de Pedro Sánchez, Luis Planas, mostró su último gesto de sensibilidad con el campo: señaló que pese al endurecimiento de las condiciones para este sector, la tendencia iba a continuar.
Lo hizo en octubre para insistir en que la "producción ecológica" es clave para afrontar el "desafío del cambio climático". Y subrayó que eso supone una apuesta decidida por los denominados "ecorregímenes", un sistema de exigencias ecologistas para poder acceder a la financiación de la PAC que está suponiendo pérdidas reales de fondos comunitarios de cerca de un 20% por agricultor.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, no tiene intención de cesar en su cruzada verde. Ha insistido en varias ocasiones en que "la producción ecológica contribuye a hacer frente al desafío global del cambio climático, ya que combina las mejoras prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal". Y eso significa que no hay ni la más mínima revisión en un sistema que acapara la crítica unánime del campo español.