"Yo no he dicho nada. Eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Yo no he dado absolutamente ninguna información" se defendió ayer jueves María Jesús Montero, cuando le preguntaron en los pasillos del Congreso por si había filtrado datos tributarios del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Y las sospechas estaban más que fundadas. Es una anomalía que la ministra de Hacienda fuera conocedora de la información que el El Diario iba a sacar a la luz sobre la pareja de la presidenta madrileña cuatro horas antes de su publicación. "Ella misma se ha delatado. Es el caso más grave surgido de la historia de la Agencia Tributaria" señalaba también ayer el exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, en Es la Mañana de Federico a esRadio. A la presidenta de los inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, también le parecía "gravísimo que salga esa información" porque son datos que "tienen carácter reservado". El escándalo es total.
Cabe recordar que la Agencia Tributaria depende del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda lo lidera María Jesús Montero. Por tanto, airear detalles confidenciales sobre cualquier investigación del organismo choca de lleno contra la Ley General Tributaria, lo que podría obligar a la AEAT a investigar el origen la filtración, como ha publicado Libertad Digital.
Otro detalle que vuelve a poner en la diana el uso político que el Gobierno de Sánchez podría estar haciendo de la Agencia Tributaria, es que, según el informe redactado por el fiscal adelantado por Vozpópuli, la AEAT habría mandado a Fiscalía el informe sobre la investigación del novio de Ayuso el pasado 22 de enero de 2024, "el mismo día que el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, solicitó a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) la inspección a la sociedad a las que se adjudicaron los contratos de la trama Koldo, al empresario Víctor Aldama y a dos sociedades de éste" ¿Casualidad?
La Agencia Tributaria, ¿instrumento político?
Esta no es la primera vez que un ministro de Hacienda evidencia su supremacía sobre las vidas de ciudadanos y empresas. El antecesor a Montero, Cristóbal Montoro (PP), protagonizó numerosas polémicas durante su mandato en las que se jactaba de la información privilegiada que manejaba.
Tampoco es la primera que un adversario político usa datos de la Agencia Tributaria, que solo deberían conocer los inspectores de Hacienda implicados en el caso, para intentar destruir a Ayuso. A principios de 2022, fue su propio compañero de partido, Pablo Casado, el que aseguró públicamente que poseía "datos fiscales" del hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, sin revelar la fuente. A los asesores fiscales les escandalizaron las declaraciones del que entonces era líder de los populares.
Así, vemos que el poder de la información confidencial que maneja Hacienda constata una vez más la indefensión del contribuyente frente al mastodóntico aparato de la Agencia Tributaria.
Estar el diana del fisco supone una auténtica pesadilla para la mayoría de los ciudadanos y las empresas del país (tengan o no razón), por lo que es lógico que eviten a toda costa cualquier tipo de conflictividad con el departamento que ahora lidera María Jesús Montero. A continuación, algunos ejemplos del agravio y los atropellos que comete sistemáticamente este particular Goliat contra el contribuyente. El exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruíz Jarabo, recoge muchos de ellos en su libro Impuestos o Libertad.
1. Hacienda siempre tiene razón
En España, la Agencia Tributaria y sus inspectores tienen concedido legalmente la presunción de veracidad. Esto es debido al artículo 144 de la Ley General Tributaria que determina que las actas del fisco son prueba veraz de los hechos y solo podrán rectificarse mediante prueba en contrario.
2. El ciudadano es el que tiene que demostrar su inocencia
Efectivamente, el hecho anterior implica que la carga de la prueba corresponde al contribuyente, que tiene que demostrar que el acta del inspector (el documento con el que cierra la inspección o la comprobación tributaria), y que es la que precede a la notificación de liquidación, no es correcta.
3. Pagar primero, y argumentar después
Las decisiones de los inspectores de Hacienda, al presumirse legales, aunque el contribuyente la impugne, tiene que pagar lo que le reclama Hacienda.
4. Normas tributarias de gran complejidad
A la hora de defenderse de Hacienda, uno de los principales hándicaps del ciudadano de a pie es la innecesaria complejidad de la norma tributaria. Al contribuyente se resulta imposible muchas veces entender las directrices o instrucciones del fisco. Tal es el escándalo en este asunto, que la AEAT aprobó a finales del año pasado la simplificación del lenguaje de sus documentos habituales para hacerlos más comprensibles al contribuyente. En este sentido, la AEAT ha modificado hasta ocho modelos de comunicación y notificación al contribuyente que utilizan distintas áreas de la Agencia en sus documentos más habituales.
5. Aunque la AEAT se equivoque, no tiene consecuencias
Mientras el ciudadano se enfrenta a la sanción de Hacienda, el recargo y los intereses de demora, si la Administración se equivoca, el único castigo al que se puede enfrentar Hacienda es al interés de demora, que en muchos casos es por un periodo menor del tiempo en el que ha mantenido en sus arcas el dinero del contribuyente. Es decir, si una empresa se ve obligada a cerrar por la asfixia tributaria de una inspección de Hacienda y resulta que el empresario tenía razón, Hacienda no sufrirá represalias por haber acabado con su negocio. De hecho, los inspectores cobran un bonus de productividad que va ligado a la cuantía que recauden, lo que incentiva la asfixia al contribuyente.
6. Pero Hacienda no siempre gana
Aunque la AEAT presume de la baja conflictividad que tiene con el contribuyente porque "en los procedimientos el 89% de las propuestas (actas de inspección) se firman con los inspeccionados de conformidad o con acuerdo y solo el 11% de las mismas se firman de disconformidad", muchos de los pocos contribuyentes que se atreven a plantar cara a Hacienda en los tribunales acaban ganado. En concreto, casi el 40% resulta victorioso ante el fisco en los tribunales económico-administrativos, según los últimos datos de 2022, frente a los 50% que pierden el caso, pero que muchas veces ganan cuando acuden a la justicia ordinaria. Por tanto, resulta que tenían razón.
7. Intereses y plazos desiguales
La Agencia Tributaria es la que marca el ritmo de la investigación, los documentos que hay que presentar, el día y la hora de las reuniones con el ciudadano, las explicaciones que se recogen en el acta...
8. La Fiscalía nunca le lleva la contraria a Hacienda
Varios apuntes. Las investigaciones de Hacienda pasan a la Fiscalía cuando las cuantías de la investigación pasan de los 120.000 euros y "para pactar con la Fiscalía te tienes que declarar culpable. La Fiscalía nunca le lleva la contraria a Hacienda" asegura Ignacio Ruíz Jarabo, por lo que la pelota vuelve a manos del fisco de nuevo.