Auckland es una de las localidades más grandes de Nueva Zelanda, con una población de casi 1,5 millones de habitantes que asciende a 1,7 millones si tomamos en cuenta varios municipios situados en su contorno. Figura de forma recurrente en las listas de ciudades con mayor calidad de vida y es uno de los pulmones de la economía del país oceánico, generando casi el 40% de su PIB.
Puede que muchos lectores no estén del todo familiarizados con el modelo neozelandés, pero lo cierto es que, desde hace décadas, se considera que dicha nación cuenta con uno de los sistemas económicos más liberales del mundo, hasta el punto de que figura en la sexta posición del Índice de Libertad Económica merced a un compromiso generalizado con las reformas pro-mercado.
El último ejemplo de la apuesta neozelandesa por la libertad económica lo tenemos precisamente en un campo en el que no abundan casos de éxito: la vivienda. Aunque la mayoría de gobiernos están respondiendo a la crisis de precios del alquiler introduciendo controles de precios, en Nueva Zelanda han optado por una receta liberal que ya empieza a dar sus frutos.
Los cambios llegaron en 2016, cuando Auckland liberalizó la normativa urbanística y la regulación inmobiliaria. Hasta entonces, el ritmo de concesión de nuevas licencias de obra se estaba moviendo en el entorno de los 5.000 expedientes aprobados por año. Los cambios aprobados permiten densificar la ciudad con nuevas construcciones sujetas a menos limitaciones o incluso con ampliaciones de inmuebles ya existentes.
Tras la aprobación de la reforma, el desarrollo de vivienda se multiplicó por tres en apenas cinco años, como refleja el siguiente gráfico. El número total de permisos pasó a moverse en el entorno de los 15.000 por año, completando así un aumento generalizado de la actividad sectorial que permitió disparar la oferta de obra nueva disponible y, con ello, el parque disponible para alquiler.
La siguiente consecuencia derivada de esta apuesta por medidas de mercado fue el descenso de los precios. En un periodo en que el resto de Nueva Zelanda vivió una subida de más del 10-15% en los precios del arriendo, Auckland experimentó una leve caída del 2% en términos reales que confirma la importancia de aumentar la oferta para enfriar los precios. Entre las familias de menor poder adquisitivo, el coste de alquilar bajó más aún, con un descenso de casi el 3,5%.
Lo mejor de todo es que, a raíz del cambio que ha vivido Auckland, otras corporaciones municipales han empezado a experimentar con políticas similares. Es el caso de Wellington o Canterbury, donde el número de permisos concedidos también ha empezado a aumentar gracias a medidas de desregulación urbanística que no llegan tan lejos como las de Auckland pero sí han avanzado en la misma dirección de más libertad y menos intervencionismo.
Del prometedor caso argentino al fiasco europeo
Recientemente se han dado procesos similares en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei levantó los controles de precios del alquiler y ha logrado un importante vuelco, con más oferta de pisos y precios más asequibles en cuestión de unas pocas semanas – y a pesar de la elevada inflación heredada del peronismo.
Sin embargo, la tendencia intervencionista prevalece en España, donde el gobierno de Pedro Sánchez introdujo un control de precios y otras limitaciones que han provocado el desplome de la oferta y el aumento de los alquileres. Estos resultados se asemejan a los observados previamente en las capitales de Alemania, Francia o Suecia.