Las medidas en materia de vivienda lanzadas por el Gobierno socialista y comunista han contribuido a un único resultado, la caída de la oferta de vivienda en picado y la consiguiente subida del precio, tanto en el mercado de venta como en el de alquiler. Y ahora Sumar plantea el órdago: "Prohibir de forma expresa la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de la Administración General del Estado (específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y Defensa), salvo su transmisión gratuita a otras entidades públicas para su transformación en parque público de alquiler".
La propuesta de Yolanda Díaz incluye una segunda medida: "Aprobar una moratoria de 36 meses que no permita la compraventa de viviendas a fondos de inversión y población no residente para frenar la especulación particularmente en las ciudades más turísticas".
El partido de Yolanda Díaz pretende de esta manera no permitir nada más que la construcción de parques de vivienda pública en régimen de alquiler en suelo procedente del patrimonio público. Y, teniendo en cuenta la situación deficitaria del Estado, eso supondría lo que ya se ha visto: que no se construya ni vivienda privada ni pública, ni destinada a propiedad ni a alquiler.
"En España se vulnera el derecho constitucional a la vivienda, y cada día más", afirma el texto del plan preparado por el partido de Yolanda Díaz. Lo dice pese a que ese "cada día más" recae sobre su propio Gobierno. "Particularmente, por la brecha que existe entre quienes compran o alquilan su casa para vivir y quienes lo hacen para especular. El contexto inflacionista generado tras el fin de la pandemia y la guerra de Ucrania ha disparado en 2023 el interés especulativo en la vivienda un 857% respecto el año anterior", asegura Sumar.
Y añade que "la función social de la vivienda es clave para terminar con la transmisión generacional del empobrecimiento. Un 80% de niñas y niños empobrecidos morirán como personas adultas empobrecidas. Para ello, es importante, conocer cómo opera la estructura económica y el comportamiento cultural sobre la vivienda", asegura el mismo partido que no ha dejado de promover medidas que han restringido el acceso a la vivienda por su intervencionismo y pérdida de seguridad jurídica en el mercado de alquiler.
"En España, el año pasado, según la Estadística Notarial del Consejo General del Notariado, un 56,2% de la compraventa de viviendas se hicieron a «tocateja». Una realidad que se dispara hasta el 70,2% en el caso valenciano, 67,2 % en el caso de Murcia, un 65,7% en Castilla-La Mancha y un 64% en Castilla y León", asegura la formación de Yolanda Díaz.
"Ante esto, urge una nueva cultura política de vivienda que se centre en garantizar el acceso al conjunto de la sociedad, regulando los precios del alquiler y ampliando el parque de vivienda pública, pero también frenando de raíz la voracidad especulativa de una minoría social que nos empobrece como país, medidas regulatorias contra la especulación que ya se han implantado en otros países y que no necesitan de inversión pública sino de valentía política", añade.
Todo eso es lo mismo que planteó antes de lanzar las últimas medida que han provocado una restricción de un 30,57% de la oferta en alquiler hasta finales de 2023 y desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, según los datos recopilados por la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias.