La tasa de paro oficial alcanza el 11,8%, pero si analizamos los datos de empleo que ofrece el gobierno de Pedro Sánchez para descontar el maquillaje estadístico y otras distorsiones, encontramos que el paro efectivo asciende realmente al 15,8%. Así se desprende de un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana titulado Las sombras del mercado laboral español.
El centro de estudios se ha sumergido en los datos del mercado laboral y ha encontrado que la Administración Sánchez clasifica como parados a 2,8 millones de personas, frente a los 3,9 millones de españoles que realmente están en este tipo de situación. La brecha, pues, es de cuatro puntos porcentuales, en lo tocante a la tasa de paro, y de 1,1 millón de trabajadores, en cuanto a la cifra total de personas que están desempleadas en la práctica, pero no figuran como tal.
Buceando en una estadística manipulada
El cálculo del IJM sigue el siguiente método analítico:
- En febrero de 2024, el paro registrado que contabilizaba el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ascendía a 2,8 millones. Sin embargo, si desagregamos la información facilitada por dicho organismo encontramos que la estadística oficial no recoge a todas las personas que deberían figurar como parados. Por un lado, está el caso de los desempleados con "disponibilidad limitada", que son personas que buscan un empleo con características especiales (por ejemplo, solo quieren teletrabajar).
- Asimismo, debemos tener en cuenta el subgrupo catalogado como "otros no ocupados", donde se registran aquellos parados que buscan empleos de menos de 20 horas semanales o alumnos de FP que buscan empleo, entre otras casuísticas particulares. Ambos colectivos suman 555.000 personas.
- Por otra parte, si queremos conocer el alcance real del paro, también debemos incorporar a los ocupados que están en situación de ERTE, ya que hay cerca de 10.700 personas en esta situación.
- A las anteriores cifras hay que sumarle los contratos fijos discontinuos en situación de inactividad. Como esta forma de empleo sigue técnicamente vigente en periodos en que los asalariados no están trabajando, el gobierno ha reclasificado a este grupo de parados como "demandantes ocupados". Por tanto, aunque estas personas no estén trabajando, figuran en la misma bolsa que aquellos trabajadores que tienen un empleo en condiciones ordinarias. No hay una publicación oficial periódica del número de fijos discontinuos inactivos, pero sí se conocen oficialmente los datos facilitados en 2022, cuando el gobierno informó a regañadientes sobre esta cuestión en el marco de una Sesión de Control en el Congreso de los Diputados. A cierre de dicho ejercicio, eran 443.100 personas las que figuraban en esta categoría. Este dato nos permite estimar que, a febrero de 2024, España tendría en torno a 551.300 personas sujetas a contratos fijos discontinuos que están en situación de inactividad.
Así, basándonos en los anteriores datos, "se puede establecer que, si bien el paro registrado oficial llegaba a poco menos de 2,8 millones de personas en febrero de 2024, el paro efectivo sería realmente de 3,9 millones, una vez incluidos los 555.000 con disponibilidad limitada y otros no ocupados, los 10.700 trabajadores en ERTE y los 551.300 con contratos fijos discontinuos que están inactivos".
Más temporalidad, más costes laborales, menos productividad
El Instituto Juan de Mariana también señala que, "si el objetivo de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz era reducir la precariedad asociada a la corta duración de los contratos, conviene señalar que esta rúbrica tampoco evoluciona a mejor, sino que de hecho va a peor desde que entró en vigor dicha modificación". Así, la duración media de los contratados de los asalariados privados ha bajado de 5,9 a 5,6 años en los últimos años, una caída del 5 por ciento en los niveles de estabilidad contractual. Lo vemos en el siguiente gráfico:
El IJM destaca en su informe que "la productividad laboral cerró 2023 casi un 4 por ciento por debajo de los niveles observados en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno. Bajo mandato del dirigente socialista, España es el país de la OCDE con peor desempeño de la productividad por ocupado".
En cambio, los costes laborales no han parado de subir, aumentando de 2.555 a 2.985 euros entre 2018 y 2023. Tenemos, pues, la peor situación posible para las empresas, con unos costes laborales disparados que contrastan con una productividad en caída libre".
Propuestas de mejora
Frente a esta circunstancia, el Instituto Juan de Mariana pide "hablar menos de armonización fiscal y más de armonización laboral, es decir, dejar de apelar a Europa como excusa para subir impuestos y fijarnos más en nuestros vecinos para equiparar nuestros niveles de empleo y paro con los de Europa. Lograr esto último tendría consecuencias socioeconómicas muy positivas para España, puesto que bajar el paro al 6,5 por ciento que se alcanza, en promedio, en la UE, tendría el efecto de elevar en 93.000 millones el PIB, generando empleo para 1,3 millones de personas y contribuyendo en casi 22.000 millones a la mejora de la recaudación tributaria – sin necesidad de subir ningún impuesto".
A corto plazo, y a la espera de una reforma laboral integral que retire los elementos de rigidez introducidos por el gobierno de Pedro Sánchez, el IJM considera recomendable "priorizar tres áreas de mejora: reducir la "cuña fiscal", que nos sitúa como el tercer país de la Unión Europea en el ranking que mide el peso de las cotizaciones sociales sobre el coste laboral; reducir el impacto negativo del SMI incorporando mecanismos correctores como los aplicados por los demás países de nuestro entorno; y terminar con los incentivos perversos que originan las crecientes pagas y ayudas públicas". Asimismo, el IJM aboga por frenar la contratación pública, que ha crecido con fuerza bajo gobierno de Sánchez, y recuperar la transparencia estadística, erosionada a raíz de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz.