La semana pasada, la Generalidad de Cataluña presentó los detalles del plan de independencia fiscal que Pedro Sánchez tendrá que aceptar si quiere seguir teniendo al independentismo de su lado.
Se trata de un documento de 90 páginas bautizado como "Financiación singular: propuesta de una financiación justa para Cataluña". Este texto contiene la fórmula para obtener del Estado las máximos prebendas financieras para Cataluña (y al menor coste). Los inspectores de Hacienda han mostrado su rechazo absoluto a la propuesta catalana por su "inconstitucionalidad".
"Ceder el 100% de los tributos a Cataluña no tiene ninguna cobertura legal ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) ni en la Constitución ni en las normas de desarrollo" aseguraba firmemente ayer lunes el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Peláez. Después de que el plan de desconexión financiera de Cataluña saliera a la luz, esta asociación convocó una rueda de prensa de urgencia para analizar los detalles.
¿Y si la Comunidad de Madrid pidiera lo mismo?
Los inspectores no dudan de que lo que están reclamando los independentistas catalanes no solo es ilegal, sino que supone la búsqueda de "privilegios" en una comunidad autónoma que es la segunda más rica de España y también la segunda que más aporta al sistema de financiación autonómica. Así, el objetivo último del plan independentista sería reducir el dinero que comparte con las regiones más desfavorecidas del país.
La propuesta de la Generalidad son "privilegios que generarán en Cataluña una mayor recaudación y una mayor posibilidad de prestar servicios a los catalanes. A cambio, la región se sale de cinco fondos del Estado comunes perjudicado a las CCAA que menos tienen y a sus ciudadanos" criticaba Peláez. Tan fundadas están las acusaciones de insolidaridad a Cataluña, que los propios responsables del documento intentaban defenderse con la siguiente frase:
En ningún caso este modelo comporta ni debe comportar ningún tipo de privilegio para Cataluña, y nada impide que se haga extensible a otras comunidades autónomas.
Pero ¿qué ocurriría si otras CCAA solicitaran lo mismo que Cataluña? Preguntados por Libre Mercado sobre cuál sería el panorama al que se enfrentarían la Agencia Tributaria y el Gobierno de Sánchez si la Comunidad de Madrid diera un golpe en la mesa y pidiera también gestionar y recaudar todos sus impuestos, los inspectores de Hacienda son tajantes.
"El modelo desaparecería. Sería un cambio radical. Si esto pasara, desaparecería la Administración General del Estado. Si todas las comunidades ricas se quedan con su dinero, pues el Estado se quedaría sin fondos. Sería su desaparición" alerta el portavoz de los inspectores. Cabe recordar que la Comunidad de Madrid es el mayor motor económico de España, la mayor aportadora neta del sistema y la que más recauda, por lo que si Cataluña se desconecta fiscalmente, la región de Ayuso sería la que más esfuerzos tendría que hacer, con mucha diferencia del resto, para sufragar los servicios públicos del país.
Los detalles y el chantaje catalán
Según los propios cálculos del Gobierno catalán, la puesta en marcha de este plan permitirá a su autonomía "recaudar y gestionar" 51.981 millones de euros en impuestos entre IRPF (23.000 millones), IVA (14.200 millones), Sociedades (5.300 millones) e Impuestos Especiales (3.500 millones). Esto supondría duplicar los 25.616 millones que reciben actualmente del Estado. Dicho de otra forma, con la puesta en marcha del plan, Cataluña se quedaría con 26.365 millones de euros de los que actualmente aporta a la caja común.
A cambio de esta huida del sistema, Cataluña se ofrece a efectuar al Estado un pago periódico (un cupo) por los servicios públicos estatales de los que se beneficia la región, así como a ingresar un dinero en lo que han llamado el "fondo de reequilibrio territorial", que iría dirigido a las regiones más pobres. Sin embargo, la Generalidad no ha calculado a cuánto ascendería la cuantía de estos dos pagos, aunque evidentemente, será menos de lo que aportan ahora. Además, en un chantaje de manual, este segundo fondo estaría condicionado a la "lealtad" del Estado español con la región.