El gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde a la OPA de la compañía francesa Antin sobre la empresa de renovables OPDE. La decisión fue comunicada el pasado 1 de febrero y quedó refrendada la pasada semana, después de que la CNMV diese su "OK" a una oferta pública de adquisición de acciones voluntaria valorada en 866 millones de euros.
En su comunicado, el gobierno se cuidó de anunciar que la compañía gala "se compromete a no iniciar nuevos arbitrajes contra el Estado español", en referencia al sonado procedimiento de arbitraje que Antin puso en marcha en el Banco Mundial, a raíz de la retirada retroactiva de las primas renovables. Sin embargo, lo que el Ejecutivo vende como un supuesto logro orientado a reducir este tipo de litigios no es más que un anuncio propagandístico carente de fundamento.
No en vano, la titularidad de la deuda del caso Antin cambió de manos el pasado año, al ser transferida a la empresa estadounidense Centebridge, que asumió los derechos de cobro de un caso valorado en 120 millones de euros. Desde que se produjo este traspaso, Antin ya no es titular de esta deuda y, por tanto, su "compromiso" no afecta en nada a los litigios que siguen en marcha y que ya han motivado situaciones muy lamentables para el Reino de España, como el embargo cautelar de la indemnización del Prestige o de una escuela internacional radicada en Londres.
Por lo tanto, trasladar a la opinión pública este "compromiso" por parte de Antin es lo mismo que nada, puesto que la deuda de dicho caso fue transferida y la empresa que sufrió originalmente el quebranto ya no es la titular de dicho derecho de cobro. En consecuencia, no ha habido ningún acuerdo que modifique la situación del caso Antin, que se sigue dirimiendo en los tribunales internacionales con resultados adversos para nuestro país, como acredita una demoledora sentencia del Tribunal Supremo australiano.
Más sombras del "OK" gubernamental a Antin
Al margen de esta embarazoso montaje propagandístico que ahora sale a la luz, también es importante recalcar que el gobierno español parece haber adoptado una postura tremendamente preocupante en relación con la supervisión de la OPA, puesto que dichos procesos deben juzgarse a partir de la información suministrada por las partes y la legalidad vigente, de modo que no pueden quedar sujetos a consideraciones arbitrarias. Dicho de otro modo: la OPA de Antin sobre OPDE es o no procedente si la operación planteada es legal y se ajusta a derecho, no dependiendo de si Antin asume o no un "compromiso" que el gobierno de turno considera oportuno.
Por otro lado, tambien es importante señalar que el caso Antin está cerrado, de modo que, incluso si los actuales o anteriores titulares de la deuda hubiesen decidido lanzar un nuevo procedimiento contra España, no habrían podido hacerlo, ya que el expediente llegó a su fin en julio de 2021, con la ratificación definitiva de la sentencia emitida originalmente en junio de 2018. En este sentido, ni Antin ni Centerbridge ni ningún otro operador puede pedirle a la corte competente (en este caso, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) que reinicie un caso que ya ha sido juzgado.