Los planes del Gobierno de cerrar paulatinamente las centrales nucleares españolas continúan inalterables y así lo volvió a confirmar la pasada semana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que en un desayuno informativo defendió que se trata de un "muy buen calendario" y que su "impresión" es que en 2035 no funcionará un solo reactor en nuestro país.
Entre tanto, los mensajes en sentido contrario continúan cuando la fecha para clausurar el primer reactor, la unidad I de la central de Almaraz, previsto para noviembre de 2027, se van acercando. Después de que hace unos días la Junta de Extremadura reclamara por escrito al Gobierno que no ciere la central de Cáceres, este jueves la presidenta de la región, la popular María Guardiola, volvió a expresar el "compromiso del Gobierno extremeño con la prolongación de la actividad de la central" como "elemento fundamental para la riqueza y el empleo en la región, así como la soberanía energética de España".
Lo hizo tras un encuentro celebrado con el consejero del Consejo de Seguridad Nuclear Javier Dies, en el que abordaron cuestiones como el "alto nivel de seguridad" de la central. Dies, el único consejero que en su día se opuso a la decisión de descartar el almacén nuclear centralizado, señaló que la central es hoy en día aún más segura que cuando comenzó a funcionar, destacando las inversiones realizadas y recordando cómo se está alargando la vida de las centrales hasta los 80 años, en unas declaraciones que el CSN señaló posteriormente que se hacían a título personal.
Mientras, la central anunció la semana pasada el comienzo de la vigésimo octava recarga de combustible de la unidad II, un proceso que durará 34 días y movilizará a 1.200 trabajadores extra, subrayando cómo el reactor proporciona "más del tres por ciento de la demanda eléctrica anual de toda España, equivalente al consumo de más de dos millones de hogares" y "evita la emisión de más de 2,5 millones de toneladas de CO2" en un mensaje más reivindicando la importancia energética de Almaraz y ese carácter verde que sí compran en Europa pero que el Gobierno se resiste a aceptar.
Los dos escenarios de Almaraz
"La central de Almaraz es una infraestructura vital que garantiza un servicio esencial como es la energía eléctrica al país, gracias al trabajo y compromiso de sus profesionales", señalaron en una nota el mismo día en que su director, Rafael Campos, apuntó que ya están trabajando en dos escenarios: el de "cese de la operación" si continúan los planes previstos y el de continuidad, en "el escenario de que hubiera un cambio".
Precisó en cualquier caso, en rueda de prensa desde Navalmoral de la Mata, que si los planes de cierre siguen adelante en el primer trimestre de 2025 será inevitable parar los reactores al menos un tiempo aun en el caso de que se terminara dando marcha atrás, en alusión al complejo proceso de planificación que requiere mantener abierta una central, desde compras de combustible que se hacen con dos o tres años de adelanto como inversiones y personal.
El "punto de no retorno", indicó, está fijado en ese primer cuarto de 2025 para que la central nuclear pudiera continuar su actividad "sin impacto", y sin tener que detener sus reactores. Desde ese punto, insistió, la continuidad podría ser posible pero "posiblemente tendríamos que estar parados un tiempo hasta reorganizar la organización y la plantilla", con los costes que ello implican.
Entre tanto, el pulso abierto entre las propietarias y el Ministerio por los gastos de gestión del combustible y los sobrecostes que supondrá haber renunciado al ATC de Villar de Cañas en favor de almacenes individualizados en cada central continúa. Transición Ecológica sacó a consulta pública la semana pasada el Real Decreto de modificación de la Tasa Enresa tras la retirada de la anterior propuesta, que la incrementaba en un 40% y que generó una enérgica protesta de las propietarias, que amenazaron incluso con acudir a los tribunales.
En esta ocasión, el impuestazo supondrá sólo una subida del 30%, pero desde el sector señalan que su rechazo a esta subida, que en su opinión rompe lo pactado con el Ejecutivo en 2019, sigue siendo exactamente la misma. "¿Por qué vamos a pagar nosotros?", se quejó hace unas semanas el presidente de Foro Nuclear, la patronal que aglutina a las empresas propietarias.