No es cierto que los socios separatistas de Pedro Sánchez hayan exigido un trato similar al vasco en materia de impagos al sistema de solidaridad con el resto de España: han pedido ir más allá. ERC y Junts han puesto encima de la mesa su propuesta y supera el concierto vasco. Exige una "soberanía fiscal" que incluye el 100% de los impuestos, incluidos los generados en la importación, cosa que hasta para los territorios de régimen foral está prohibido.
El sistema de concierto económico ha generado una evidente injusticia en el trato de los ciudadanos: supone un privilegio para las comunidades vasca y navarra del que carecen el resto de territorios españoles. Pero lo cierto es que fue incluido en la Constitución Española y, por lo tanto, cuenta con respaldo legal de la Carta Magna. Cataluña ha pedido ahora un sistema fiscal "individualizado" basado en la "soberanía fiscal".
Su exigencia supone la gestión y recaudación del "100%" de los impuestos generados en sus territorios, lo cual trae de la mano una salida de facto del sistema de solidaridad nacional: Cataluña tiene rentas superiores a la media pero no acepta que su recaudación sirva para pagar servicios sociales en comunidades con personas de menores rentas anuales. Pues bien, ese 100% no lo tienen ni los dos territorios de régimen concertado.
La ley que regula el concierto vasco, por ejemplo, deja claro que entre las "competencias exclusivas del Estado" figuran las siguientes materias: "La regulación, gestión, inspección, revisión y recaudación de los derechos de importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido".
Es más, la norma deja claro otro punto: que también es competencia exclusiva del Estado "la alta inspección de la aplicación del presente Concierto Económico, a cuyo efecto los órganos del Estado encargados de la misma emitirán anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales, un informe sobre los resultados de la referida aplicación". Es decir, que en caso de duda, manda el Estado y no una comunidad autónoma.
Y nada de lo reseñado cabe en un sistema de soberanía fiscal como el solicitado por el separatismo catalán.
La prohibición impuesta a los sistemas forales de gestionar esta materia, además, lleva implícito un potencial problema con la UE. La importaciones no se permiten controlar a los gobiernos regionales por si sus cuentas no son demasiado precisas o exactas y generan un descuadre con datos de Estados miembros, lo que podría suponer un problema comunitario.
Por el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez ya reconoce que asumirá, al menos, parte de la exigencia separatista catalana. La portavoz en el Senado de ERC, Sara Bailac, ha hablado ya de "sensación de agravio" e "infrafinanciación" en Cataluña y haya exigido "una financiación propia". Lo hizo hace un mes y Sánchez le respondió asegurando que "está cumpliendo con Cataluña" y aprovechó para recordar que quieren impulsar "una ley de financiación multilateral".
En Moncloa, de hecho, hablan de que "se puede hablar de reconocer alguna singularidad". Pero Junts y ERC quieren el todo, como siempre. Y, hasta el momento, las exigencias del separatismo se han cumplido más en el todo que en una parte.