La vicepresidenta Yolanda Díaz busca una nueva vuelta de tuerca contra los empresarios. Una que, además, la reconcilie con CCOO, no vaya a ser que tenga que refugiarse en el sindicato antes de lo esperado. La líder de Sumar a exigido a Pedro Sánchez negociar una reforma que arrebate a los directivos poder de organización de la empresa en materia laboral y se lo entregue a los sindicatos.
Sumar quiere "impulsar un funcionamiento más democrático de las empresas reforzando el marco normativo". Y, con qué motivo. Pues para dar más poder a los sindicatos en los "mecanismos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras", de forma que sean UGT o CCOO los factores decisivos en la "toma de decisiones que afecten a las condiciones de trabajo y empleo y a la organización del trabajo en la empresa".
Yolanda Díaz quiere igualmente que la reforma afecte al "diseño e implementación de los instrumentos de control necesarios para asegurar los derechos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras en la empresa". También pretende "extender y mejorar la cobertura de las representaciones de las personas trabajadoras en las empresas a nivel estatal y trasnacional" y "establecer un sistema que permita la participación sindical en los Consejos de Administración de las empresas y grupos de empresas".
La argumentación no dejará tranquila a ninguna empresa: "El ejercicio efectivo de estos derechos [de los sindicatos] resulta fundamental para asegurar la democratización de los procesos de toma de decisiones en el ámbito de las empresas, con el objetivo de mejorar nuestro sistema de relaciones laborales incrementar la productividad de las empresas y asegurar mejores condiciones de trabajo" dice Sumar. Es decir, que, por mucho que la empresa sea de los socios o accionistas, Yolanda Díaz considera que la toma de decisiones organizativas debe recaer en los trabajadores.
"La transición ecológica, energética y digital que las empresas deberán acometer en los próximos años aconseja extender y reforzar los procedimientos de información y consulta sobre otras decisiones que puedan tener efecto, a corto o a medio plazo, en las condiciones de trabajo", explica Sumar.
"Por otra parte, la internacionalización de nuestras empresas debe ser acompañada por la extensión de los procesos de información y consulta a nivel transnacional", añade. Y Sumar cree que con ese fin debe darse paso a una normativa "más garantista, aunque la limitada tradición española en la materia ha impedido un adecuado desarrollo del modelo de implicación centroeuropeo".
"Por todo ello, resulta necesario, atendiendo a las singularidades del modelo social y del mercado laboral de nuestro país, continuar avanzando en el diseño e implementación de mecanismos que garanticen la eficacia de los derechos de implicación de las personas trabajadoras en la empresa, en los términos en los que la normativa europea de referencia los ha definido, como derechos de información, consulta y participación", aclara. Y entre los derechos que Sumar quiere extender se encuentran los siguientes: "El derecho a elegir o designar a determinados miembros del órgano de administración o de control de la sociedad; o el derecho a recomendar u oponerse a la designación de una parte o de todos los miembros del órgano de administración o de control".