La empresa canaria Tenáridos, de la constructora Satocan, renunció la semana pasada a la investigación que había solicitado ante el Gobierno regional para precisar la concentración de tierras raras en tres zonas de Fuerteventura y si su extracción sería rentable o no tras los indicios hallados por un grupo investigador de las universidades de La Laguna y Las Palmas.
Así lo anunció la presidenta del Cabildo de Fuerteventura en declaraciones recogidas por la prensa local. Lola García, de Coalición Canaria, se había situado al frente del rechazo al proyecto junto a los alcaldes de los seis ayuntamientos de la isla. De nada sirvieron las alegaciones de la propia empresa en la petición de los tres permisos de investigación, detallando que en esta fase de tres años se aplicarían "técnicas no invasivas" que "no alterarían el entorno" con el único fin de precisar y cuantificar las concentraciones "interesantes" detectadas por los científicos. Tampoco las explicaciones de los investigadores, que resaltaron frente a las reticencias políticas y las quejas ecologistas la importancia de "saber lo que se tiene" para poder tomar decisiones en el futuro.
El caso de las tierras raras en Fuerteventura en esta fase incipiente, que suponía el salto del proyecto de la universidad a la empresa, también acabó siendo objeto de debate en el Parlamento canario donde se aprobó una proposición no de ley de Nueva Canarias exigiendo la denegación de permisos de investigación sobre tierras raras, de las que se han hallado también indicios en Tenerife, La Palma y Gomera y a las que se suman las de momento tecnológicamente inaccesibles tierras raras y otros elementos críticos de los montes submarinos.
En la cámara regional se habló de las "terribles consecuencias" que tendría la actividad minera y de la importancia de defender el territorio de cualquier "agresión ambiental", e incluso se sacó pecho del rechazo de las islas al desarrollo basado en la minería: el Grupo Nacionalista Canario se jactó del no en su día a las prospecciones petrolíferas y presumió de que "ahora decimos que no a las tierras raras" mientras que el PP y PSOE enfatizaron la importancia del "contundente" rechazo en la isla. Vox votó en contra.
La consecuencia de este "populista" portazo político fue la renuncia de la constructura, comunicada por el presidente de las islas al cabildo y que, de momento, entierra la posibilidad de conocer cuál es la riqueza real de Fuerteventura en tierras raras, unos elementos indispensables para tecnologías cotidianas como los imanes de neveras o coches, los móviles o las energías verdes y de las que la UE depende casi al cien por cien de China.