El Instituto de Estudios Económicos, think tank asociado a la CEOE, ha presentado un informe dedicado a la prórroga para 2024 de los Presupuestos Generales del Estado. El citado trabajo estima que los ingresos de las Administraciones Públicas crecerán en torno a 38.000 millones de euros a lo largo de 2024, dibujando así un nuevo año de fuerte incremento de la carga tributaria soportada por los contribuyentes.
De 2019 a 2023, España ha sido el país de la Unión Europea que más ha aumentado su presión fiscal. Como pone de manifiesto el Impuestómetro del Instituto Juan de Mariana, el peso de los ingresos sobre el PIB aumentó en 3 puntos porcentuales, frente a un repunte casi anecdótico de 0,1 puntos en el conjunto de la Unión Europea.
Pese al impacto tan negativo que ha tenido esta deriva en los niveles de renta disponible de las familias, que han caído un 5,5% en los últimos años, los cálculos que ha presentado el IEE apuntan que la recaudación seguirá aumentando en 2024, hasta completar una subida de 38.000 millones en los caudales públicos.
Lo peor de todo es que esta subida ni siquiera servirá para moderar el déficit y el endeudamiento público, puesto que el IEE estima que los gastos suban unos 35.400 millones a lo largo de 2024. Dicho repunte de los dispendios públicos recoge 8.200 millones para remuneración de asalariados, 4.400 millones en consumos intermedios, 2.100 millones en transferencias sociales en especie, 11.000 millones en pensiones, 900 millones en prestaciones por desempleo, 3.150 millones en otras prestaciones sociales en efectivo, 3.700 millones en intereses de la deuda y 1.950 millones en la prórroga de las medidas del Real Decreto-ley 8/23 de medidas de urgencia por la crisis energética y la guerra en Ucrania.
Así, cuando ponemos en la ecuación una subida de los ingresos valorada en 38.000 millones y la comparamos con un aumento de los gastos estimado en 35.400 millones, encontramos que el agujero presupuestario apenas supone una nimia reducción del déficit público equivalente a 2.600 millones, lo que dejaría el descuadre entre ingresos y gastos por encima de los 50.500 millones, cifra equivalente al 3,3% del PIB.
Lo vemos en la siguiente tabla:
Una situación "disfuncional"
El IEE considera que la situación de prórroga de los PGE "es extraordinaria y disfuncional, en cuanto los presupuestos no reflejan la voluntad de las actuales Cortes Generales, sino las de la anterior legislatura, cuya composición fue modificada sustancialmente en las últimas elecciones generales".
Asimismo, el think tank advierte que, "el déficit no aumenta, pero este se debe en parte al impacto de la inflación sobre los ingresos públicos. Además, no se corrigen los desequilibrios estructurales del presupuesto. Por tanto, preocupa la falta de un plan de consolidación fiscal, en un contexto marcado por el elevado nivel de endeudamiento público".