Podemos no para en su ansia por controlar las viviendas privadas en alquiler. Ahora carga contra el alquiler turístico pero, sobre todo, contra el que considera que es falsamente turístico y se habría refugiado en esta fórmula legal para escapar al régimen de intervencionismo regulado ya para los arrendamientos de vivienda.
Podemos ha propuesto a Pedro Sánchez "modificar la legislación que sea precisa para garantizar que en las zonas tensionadas, entendidas como tal las recogidas en la Ley por el Derecho a la Vivienda, las viviendas turísticas no puedan superar el 2%". ¿Es por un odio a los apartamentos turísticos? También. Pero sobre todo para "diferenciar los arrendamientos turísticos de los otros arrendamientos temporales, tales como viviendas de estudiantes o trabajadores desplazados, para garantizar que estos arrendamientos temporales respeten los límites de precios de arrendamientos previstos para la vivienda habitual en la Ley de Arrendamientos Urbanos". Este punto, requeriría, obviamente, de una inspección de las viviendas.
Y es que Podemos, tras haber atacado a los propietarios de los pisos en alquiler de vivienda habitual, ahora teme que, parte de esos inmuebles, se estén alquilando bajo la fórmula del alquiler turístico para escapar a sus exigencias.
Congelar licencias en ciudades de más de 50.000 habitantes
Podemos reclama, además, "congelar la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos de todo tipo en las ciudades de más de 50.000 habitantes hasta que se solucione la emergencia habitacional".
Lo cierto es que Podemos sigue con su plan intervencionista: "El acceso a una vivienda asequible es un derecho fundamental. Igualmente, la Constitución española (CE) reconoce, en su artículo 47, el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho". Lo cierto es que ese artículo 47 se encuentra dentro del capítulo de los "principios rectores de la política social y económica", no dentro del capítulo II del título primero, titulado "derechos y libertades", por lo que la realidad es que no se considera un derecho de la población, sin una pauta de la política de las administraciones.
Para Podemos, "la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda supuso que, por primera vez, España cuenta con una legislación a nivel estatal que proteja la vivienda y la reconozca como lo que es, un derecho subjetivo y fundamental; cumpliendo con nuestra obligación constitucional y diciéndole a todos aquellos que hacen negocios millonarios con la vivienda que, a partir de ahora, el bienestar de la ciudadanía va a ir por delante de sus beneficios".
Los comunistas señalan que esta ley "establece por primera vez, medidas muy importantes como la regulación de los precios del alquiler, la protección para las familias en situación de vulnerabilidad frente a los desahucios, la obligación de reservar un 30 % de las nuevas promociones y las grandes reformas a vivienda protegida, incluyendo un 15 % destinado específicamente a alquiler social, y la protección de la vivienda protegida, entre otras muchas".
Sin embargo, "todas estas medidas sólo tendrán efecto en la ciudadanía y en el reconocimiento de sus derechos si se desarrolla su implementación de forma correcta y además, se plantean nuevas medidas ambiciosas que garanticen este derecho efectivo". Y Podemos considera que los pisos afectados se están escapando a través de la vivienda turística.