Escribíamos este sábado sobre la financiación de la universidad. Venía a cuenta de una propuesta de Fedea sobre "becas retornables" para que el coste de la carrera la paguen los que disfrutan de la misma: los estudiantes, que se harían responsables de esta manera de sufragar los estudios que luego les permitirán acceder al mercado laboral con más posibilidades. Eso sí, con un matiz, sólo devolverían el crédito para sus estudios cuando tuvieran un buen empleo y sueldo (y si nunca lo logran, la deuda se cancelaría y el Estado asumiría ese coste).
La propuesta es muy sensata (aquí, aquí y aquí planteamientos similares en los últimos años). Pero creo que tiene tirando a pocas posibilidades de ponerse en práctica. Ahora mismo, diría que ninguna. Quizás en unos años, cuando la crisis fiscal en España se haga más aguda (y se hará), este tipo de ideas cojan algo de tracción. Entre otras cosas porque, como apuntábamos, puede que algún ministro de Hacienda las vea como una forma indirecta de subir impuestos (lo que te ahorras en universidad no lo destinas a rebajas fiscales, sino a otras partidas).
En cualquier caso, la principal razón no es ésa, sino la oposición de todos los interesados. Los directivos de las universidades, los profesores, los alumnos... y sus padres.
Siempre me ha llamado la atención el consenso que existe en torno a la financiación de la universidad: me refiero al consenso para no tocar nada. Porque no es algo que debería ser tan evidente. En la izquierda, porque hablamos de un gasto muy regresivo y que podría financiarse sin demasiados problemas por otras vías más equitativas. En la derecha, porque el modelo actual favorece muchas de las cosas de las que tanto se queja: campus dominados por una élite hiperideologizada, poca innovación y cercanía al mercado laboral, mediocridad general... Pero ni unos ni otros están por la labor de cambiar nada. Nunca escuché a ningún político en España defender algo de este tipo.
La clave, aquí también, está en la búsqueda de rentas. Sí, las de los profesores y rectores, acomodados a la situación actual. Pero también las de esas familias de clase media que se sienten sangradas a impuestos cada día. Tengo para mí que la universidad genera consenso porque es probablemente la partida presupuestaria en la que esa clase media se siente más ganadora. No voy a entrar en la discusión sobre si los impuestos son altos o bajos en nuestro país; pero lo que sí me parece evidente es que el sistema fiscal español es extremadamente oneroso para un tipo de colectivo muy concreto: trabajador con sueldo fijo, todavía más si los dos adultos de la familia trabajan, ingresos elevados sin ser disparatados (entre los percentiles 70-90 de la distribución), varios hijos (no es que el sistema fiscal castigue esto, pero no lo incentiva-premia en absoluto como en otros países)... Estas familias no sólo pagan unos impuestos bastante altos para unas rentas no tan elevadas; además, en muchas ocasiones, se ven forzadas a pagar por segunda vez por unos servicios públicos que en teoría iba a proveer el Estado pero que en la realidad no cumplen con los mínimos exigibles, por saturación (sanidad) o falta de calidad (educación obligatoria).
A esta familia que conforma el grueso de la clase media de nuestro país, le hablas de gasto regresivo (y lo es) o de que el niño pague la universidad (sería más eficiente) y suelta un bufido. La protesta del que, tras muchos años palmando, por fin ha encontrado algo en lo que el saldo le sale positivo: la carrera de los hijos. Y no van a renunciar a eso tan fácilmente. Nadie lo haría.
El Estado del bienestar español es una gran búsqueda de rentas. De las ayudas a la guardería a los pisos de protección oficial, incluso aquellos que pueden estar de acuerdo en la teoría respecto de la perversidad del sistema, es casi imposible que se comporten de otro modo. Y al igual que a un hombre le resulta muy complicado criticar aquello de lo que depende su salario, todos tendemos a ver como inaceptables los subsidios que reciben los demás y lógicos y muy justificados los nuestros.
A qué creen que se debe lo ocurrido en los últimos quince años. Todos los estudios coinciden en que de la crisis financiera no salimos ni más fuertes ni más débiles, sino a dos velocidades. Determinados colectivos (empleados con contrato fijo, propietarios de vivienda, jubilados...) no lo han pasado tan mal. Sí, viven en un país que lleva veinte años de estancamiento; pero, incluso así, su situación personal probablemente no es mucho peor que antes del estallido de la burbuja del ladrillo. Para los mayores de 65 años, como explicaba esta semana Beatriz García, ha sido una década y medio tirando a positiva, con sus ingresos protegidos y ganancias patrimoniales.
No entro en si es justo o no. Ni en el diseño del sistema de pensiones. Eso para otro día. Lo que quiero decir es que la gran diferencia entre jóvenes y ancianos es que los segundos han conseguido que se normalice su petición de tener protegidas las rentas, mientras los primeros no han logrado articular un discurso sobre lo suyo. Tampoco lo tendrían fácil, por dos motivos. Con 30 años, las excusas para justificar una ayuda son más complicadas de encontrar; y el saldo no puede ser positivo para todos. Los políticos (que no dejan de ser los grandes buscadores y beneficiados de este sistema) intentan que lo creamos, pero es una idea evidentemente falsa: no es cierto que unos pocos ricos pagan lo que los demás disfrutamos. En ningún país del mundo salen las cuentas. En España, menos: tenemos pocos ricos y los que hay son menos ricos que los ricos de otros países. Aquí paga la clase media en el momento en el que sus ingresos superan un poco la media. Y paga mucho. Por eso protesta tanto cuando alguien habla de retirar alguna partida de las que se aprovecha: ¿gasto regresivo? ¿optimización del gasto? ¿sistemas poco eficientes de financiación? Sí, todo muy bonito... pero ni de coña se toca eso. Aquí cada uno protege su renta. Es lo que nos han enseñado a hacer. Y usted, ¿qué tal defiende la suya?