El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un proceso de arbitraje millonario esta vez no por las renovables sino por el uranio que intentó extraer en Salamanca la empresa minera Berkeley. Tras múltiples anuncios de que estaban dispuestos a ir a un proceso de arbitraje internacional contra el Reino de España por lo que interpretan como un incumplimiento del denominado Tratado de la Carta de la Energía, Berkeley ha anunciado a la CNMV que ha solicitado oficialmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) un proceso de arbitraje por el que reclaman una "compensación preliminar" de mil millones de dólares (unos 950 millones de euros).
En la nota remitida a la CNMV, la compañía acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber "violado múltiples" puntos del citado tratado. Tras la remisión de una carta al Gobierno anunciando su intención de llevar el conflicto a los tribunales y tras meses de silencio del Ejecutivo pese a que "propusimos negociaciones para buscar una solución amistosa", la compañía ha iniciado un proceso que podría costarle casi mil millones de euros a España.
"Hasta la fecha, el Gobierno español no ha querido hablar de la disputa" por lo que ahora, aducen, han optado por solicitar un arbitraje que busca "defender sus derechos" sobre el proyecto minero en Salamanca, en la localidad de Retortillo, que tumbó en 2021 el Ministerio de Transición Ecológica tras un informe en contra del Consejo de Seguridad Nuclear.
Pese a la batalla legal que ahora emprenden, la empresa asegura que continúa "comprometida" con el proyecto salmantino de extracción de uranio y "abiertos a un diálogo constructivo con España". Afirman que quieren buscar una solución "amigable" con las autoridades españolas y aseguran que esperan que se pueda producir un diálogo pronto.
Recuerdan que los próximos pasos son la formación del tribunal que dirimirá sobre el proceso y señalan que su empresa estará representada por los despachos de abogados Herbert Smith Freehills y LCS Abogados. Desde la compañía destacan que "este arbitraje podría convertirse en la mayor reclamación enfrentada por España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España".
En cuanto al potencial del proyecto, Berkeley afirma que podrían alcanzar una producción "de 4,4 millones de libras de U3O8 por año" que podría cubrir "más del 100% de la demanda doméstica de España" durante un "periodo mínimo de 14 años, basado en las reservas de mineral actuales del proyecto". Aseguran que supone "más del 10% del consumo de uranio de la Unión Europea" y la mina entroncaría en los objetivos de la UE contemplados en la reciente Ley de Materias Primas Críticas. Respecto al impacto local, subrayan los 100 millones invertidos hasta ahora, "de los cuales más del 40% permanecieron en la región".