Los supermercados están en el punto de mira de los políticos, con Yolanda Díaz a la cabeza de la ofensiva contra este tipo de negocios. La líder de Sumar volvió a insistir hace un par de semanas en la necesidad de imponer un impuesto específico a las compañías de alimentación, como ya ha hecho el Gobierno con la banca, eléctricas y petroleras.
"Ha llegado el momento ya de diseñar un impuesto que grave a las grandes empresas distribuidoras que son las que se están forrando" pidió Díaz en un claro ataque a Mercadona, Carrefour o Lidl, los líderes en cuota del sector.
Esta semana, la ministra de Trabajo ha recuperado otra de sus medidas estrella para castigar a los supermercados: intervenir sus precios. Para Yolanda Díaz que el Gobierno prorrogue la rebaja del IVA al arroz o a los huevos más allá de junio no es "suficiente", por lo que pide "poner un tope a los precios" que se fijan libremente en el mercado.
Tenemos que poner tope a los precios. La subida del SMI no se puede agotar en pagar el alquiler y la cesta de la compra. pic.twitter.com/THiil2P7cv
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 13, 2024
Ahora, la ministra de Trabajo sólo le queda convencer al Gobierno de aplicar estas dos ideas tan liberticidas. Teniendo en cuenta que el Ejecutivo de Sánchez ha puesto en marcha numerosas medidas que están perjudicando considerablemente al sector, no sería tan descabellado pensar que podrían aceptar las propuestas de Sumar. Entre ellas, cabe recordar el impuesto al plástico, la subida del IVA a los refrescos, las obligaciones de introducir en los lineales cierto número de envases reutilizables o los límites al pago en efectivo.
Ante este panorama, la propia Comisión Europea situó a España el año pasado como el tercer país de la UE con más restricciones para el ejercicio de la actividad comercial y para la apertura de nuevas tiendas, solo superada por Francia y Austria, según el Retail Restrictiveness Index de 2023.
Y no sólo es el Gobierno, también las CCAA
Respecto a los horarios comerciales, solo Alemania y Austria tienen un nivel superior de restricciones que España, tal y como señala la patronal de las grandes superficies Anged con datos del informe de la CE. "En plena era digital, la tendencia es a profundizar en la libertad comercial para permitir competir a las tiendas físicas con el ecommerce" señala Anged.
Sin embargo, en la parte de los horarios comerciales, la responsabilidad recae en las CCAA, al igual que la de la liberalización de las rebajas, donde "hasta 11 autonomías mantienen restricciones a las promociones y rebajas que solo afectan a las tiendas físicas". En el lado contrario están autonomías pioneras en la liberalización comercial como la Comunidad de Madrid.
Otra barrera comercial autonómica el impuesto a los grandes establecimientos comerciales, que está en vigor en 5 regiones: Cataluña, Asturias, Aragón, Navarra y Valencia. Este tributo grava el supuesto impacto ambiental de tiendas de más de 2.500m2.