El gobierno de Pedro Sánchez se ha situado en la primera posición del ranking que mide el grado de cumplimiento de laudos internacionales, pero nuestro país no es el único que ha cultivado el dudoso honor de ser el primer deudor de la lista, puesto que la cifra de impagos perpetrados por el Ejecutivo de PSOE y Sumar se sitúa a la par con el total de defaults imputables al régimen venezolano de Nicolás Maduro.
El fraude masivo en las elecciones celebradas el pasado 28 de julio ha movilizado a la comunidad internacional y ha vuelto a poner de manifiesto el total desprecio que exhibe la dictadura bolivariana ante los principios más elementales de la democracia y la libertad política y social. Pues bien, es precisamente en este contexto en el que la filial española de la compañía de productos de limpieza Clorox ha decidido llevar a Maduro a los tribunales de Estados Unidos para poner fin a una sucesión de impagos similares a los que ha venido realizando Pedro Sánchez con los acreedores de España afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables.
Para ser precisos, la filial española de la compañía ha reclamado a la justicia de EEUU que proceda a reconocer un laudo dictado por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya y valorado en 100 millones de dólares. Dicha decisión fue tomada en agosto de 2023 y dirimió una reclamación que originalmente ascendía a 185 millones.
La filial española de la empresa denunció mediante este proceso una serie de medidas tomadas por el régimen venezolano que obligaron a Clorox a interrumpir sus operaciones en el país. Esta decisión llegó tras la expropiación de distintas instalaciones de producción y edificios de oficinas, que se produjeron después de que la compañía hubiera anunciado sus planes de salir de Venezuela y vender sus activos.
Esta expropiación hizo que la filial española de Clorox tuviese enormes dificultades a la hora de cesar sus operaciones en el país, puesto que la expropiación de sus activos impidió un proceso de venta ordenado y basado en el valor real de los bienes y posesiones que tenía la compañía. La decisión de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya da por buenos estos argumentos e impone una indemnización de 100 millones que el régimen bolivariano se ha negado a desembolsar.
Ante esta situación, la división hispana de Clorox ha registrado el laudo ante la justicia de EEUU y ha reclamado a los tribunales del país norteamericano que validen el fallo y procedan a embargar 100 millones al régimen venezolano como medida compensatoria y orientada a garantizar el pago efectivo de la deuda pendiente. Un proceso similar al que está sufriendo España en Reino Unido, Australia o Bélgica y que confirma la nefasta situación en la que se hallan los afectados por los impagos de Maduro o Sánchez.
Como informó Libre Mercado, los tribunales del país norteamericano están evaluando los impagos del gobierno español a los acreedores afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables, a quienes nuestro país debe 1.560 millones, amén de otros 310 millones en concepto de intereses de demora o condenas en costas.