El gravamen temporal impuesto a las empresas energéticas y bancarias por el Gobierno español ha desencadenado una batalla legal con casi 5.000 millones de euros en juego. Este impuesto, que grava los ingresos de estas compañías de manera extraordinaria y muy por encima de lo que pagan otros sectores, está siendo recurrido por los afectados, que claman por su retirada.
Los argumentos de los afectados pasan por dudar de su constitucionalidad (en este caso los impuestos no son iguales para todos) y por contravenir la normativa europea.
Desde su puesta en marcha, el gravamen ha recaudado aproximadamente 2.408 millones de euros en 2023 y otros 2.306 millones en la primera mitad de 202. 4Repsol, una de las empresas más afectadas, ha visto rechazada su solicitud de devolución y ha llevado el caso al Tribunal Económico Administrativo. Iberdrola, por su parte, ha denunciado que el gravamen es inconstitucional y contrario a la normativa de la Unión Europea, argumentando que la Orden Ministerial HFP/94/2023, que aprobó los modelos de autoliquidación, contiene graves defectos legales.
Ante estas reclamaciones, la Agencia Tributaria ha optado por devolver el golpe, iniciando investigaciones adicionales para verificar los pagos realizados y amenazando con investigar a más empresas, según cuenta este miércoles el Economista. Esta actitud beligerante solo aumenta la tensión y el descontento en el sector.
La actitud de la Agencia Tributaria evidencia un hostigamiento hacia sectores vitales de la economía. El Gobierno que, de momento, insiste en mantener este gravamen subraya una falta de sensibilidad y una desconexión alarmante con las realidades económicas.
Quienes más tienen deben contribuir más. Es lo justo.
Los impuestos a la banca, energéticas y grandes fortunas aprobados hoy, financiarán las medidas del Gobierno para paliar el impacto de la inflación en la clase trabajadora.
Y una vez más, con el Partido Popular en contra. pic.twitter.com/083uxbGyI2
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 21, 2022
Las empresas afectadas deberán luchar en los tribunales no sólo por la devolución de los pagos realizados, sino también por la defensa de la legalidad y la justicia en las actuaciones de la Agencia Tributaria.