España ha sufrido un nuevo varapalo más en su guerra contra los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables. Esta vez se trata del caso que afecta a la compañía italiana Renergy, que reclamó una compensación de 152 millones de euros por lo ocurrido.
El laudo del caso, dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial, se publicó en mayo de 2022 y reconoció a Renergy el derecho a ser indemnizada por 32,9 millones de euros. Sin embargo, España se negó a aceptar este dictamen, pese a haber participado de todo el proceso y al evidente quebranto sufrido por la empresa.
El siguiente paso del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez fue poner en marcha un pedido de anulación que ha extendido el proceso hasta agosto de 2024. Aunque la Abogacía del Estado hizo todo lo posible para reivindicar la nulidad del laudo y defender que el CIADI no puede juzgar un asunto así, la revisión ha concluido que el panel de jueces acordados por las partes no se extralimitó en ningún momento, puesto que España era un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía cuando aprobó las primas renovables y seguía dentro del acuerdo en el momento en que las retiró, de modo que las empresas afectadas tenían plena cobertura para acudir al CIADI, en virtud de dichos compromisos de derecho internacional asumidos por España.
Renergy inició la denuncia original del caso en 2014, de modo que la empresa ha sufrido una espera de diez años tras haber experimentado una situación de manifiesta inseguridad jurídica, al ver cómo se alteraban las reglas de juego en mitad del partido y las primas renovables eran retiradas con efectos retroactivos. Su causa es idéntica a la de más de 65.000 familias afectadas y a la del medio centenar empresas internacionales que han denunciado a España.
Sentencias de los países afectados
De esos 50 procedimientos, 26 cuentan ya con un laudo final a favor de los inversores, por un monto acumulado de 1.562 millones al que se deben sumar 318 millones en concepto de condenas en costas, intereses de demora, honorarios de abogados y consultores contratados por la Abogacía del Estado, etc. En total, la factura supera los 1.878 millones de euros y se incrementa a un ritmo cercano a los 100.000 euros diarios. Ante los impagos del gobierno español, que ha superado a Venezuela y Rusia en el ranking de incumplimientos de sentencias de arbitraje, las empresas afectadas han iniciado el registro de los laudos en terceros países, donde han pedido a la justicia que intervenga y tome medidas a su favor.
En Reino Unido, los tribunales han respaldado a los afectados y han autorizado ya numerosos embargos de bienes españoles. En Londres, la justicia ha autorizado cautelarmente la intervención de la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio que ocupa el organismo económico del gobierno catalán ACCIÓ y el inmueble y la propiedad donde se ubica la Escuela Internacional Vicente Cañadas. Además, los tribunales de Gran Bretaña han embargado también el usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, donde controla el 51% de la operativa. También se han incautado cuatro cuentas de banco y el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, un pago de más de 900 millones de euros.
En Australia, la Corte Suprema ha respaldado también a los denunciantes y ha reconocido plenamente las deudas acumuladas por España, lo que puede precipitar embargos de bienes y activos como la filial de Navantia en el país oceánico. Por su parte, Bélgica ya ha autorizado la intervención preliminar de los pagos de Eurocontrol a Ensire por el servicio de gestión del tráfico aéreo, interviniendo hasta la fecha una transacción de 80 millones de euros. Por otro lado, la justicia de Estados Unidos acaba de publicar un fallo en el que reafirma su capacidad de juzgar los impagos de España y tomar medidas de embargo en caso de que sigan produciéndose, de modo que la principal defensa del Reino se ha venido abajo y la autorización de medidas de incautación parece cada vez más segura y cercana en el tiempo. Los tribunales de Alemania y Suiza también han fallado contra España durante el último año.
Las empresas afectadas piden a Teresa Ribera que ponga fin a los impagos y atienda a la petición de acuerdo que tiene encima de la mesa y que permitiría poner fin a la litigiosidad y los embargos y reactivar la inversión verde en España. La ministra de Transición Ecológica no puede seguir prolongando esta situación de inseguridad jurídica y tiene en sus manos la posibilidad de resolver el problema.