El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha publicado un demoledor informe en el que cuestiona la estratégica europea para fomentar la agricultura ecológica y denuncia múltiples irregularidades en el reparto de subvenciones de una política plagada de "lagunas e incoherencias".
Según el informe, en el período comprendido entre 2014 y 2022 los agricultores recibieron alrededor de 12.000 millones de euros en ayudas a las prácticas de cultivo ecológico en virtud de la Política Agrícola Común (PAC). Tras la reforma de la PAC en 2023, los eco-regímenes están absorbiendo aproximadamente el 25% de los más de 387.000 millones asignados para el periodo 2023-2027 (unos 96.750 millones).
Según el análisis de los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo, esos fondos se utilizaron para aumentar la superficie cultivada ecológicamente "sin tener suficientemente en cuenta los objetivos medioambientales y de mercado establecidos por la política de la UE en materia de agricultura ecológica".
De hecho, los agricultores pueden recibir dinero de la UE aunque no apliquen la rotación de cultivos o las normas de bienestar animal, señala el informe. Además, los auditores también constataron que era una práctica jurídica común obtener autorización para utilizar semillas no ecológicas cuando se plantan cultivos ecológicos.
"No hay forma de medir los beneficios"
El informe también desvela que, a pesar del dineral destinado, actualmente, "no hay forma alguna de medir cómo se han materializado los supuestos beneficios medioambientales de la agricultura ecológica".
Estas subvenciones de la PAC estaban destinadas a compensar a los agricultores por los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados del cambio de la agricultura convencional a la ecológica.
Pero los agricultores no estaban obligados a producir ningún producto ecológico para recibir dinero de la UE, de modo que "la producción ecológica sigue siendo un mercado muy reducido que representa menos del 4% del mercado alimentario total de la UE", apuntó el informe.
Y mientras la producción ecológica sigue estancada, lo más sorprendente de todo es que la superficie destinada a cultivos ecológicos no ha hecho más que aumentar de forma constante desde 2014. Eso sí, de forma sumamente descompensada entre los diferentes Estados miembros. Malta destina un 0,6%, mientras que Austria cuenta con un 25,7% de la superficie agrícola en modalidad ecológica. En el caso de España, la cifra se sitúa en el 10,8%.
El sistema depende de los fondos de la UE
La Comisión Europea considera la agricultura ecológica es "clave" para aumentar la sostenibilidad de la agricultura y se fijó como objetivo que el 25% de las tierras agrícolas de la UE se dedicaran a la agricultura ecológica para 2030.
Según el informe del TCE, esto es un objetivo "inalcanzable". Y destaca que "sería necesario duplicar el ritmo actual de adopción de prácticas de agricultura ecológica" para llegar a cumplirlo.
Sin embargo, apunta el informe, no es cuestión de aumentar la superficie cultivada ecológicamente, sino que hay que "desarrollar el mercado e impulsar la producción", porque de lo contrario, "corremos el riesgo de crear un sistema desequilibrado que dependa totalmente de los fondos de la UE en vez de un sector dinámico impulsado por consumidores informados", ha añadido.
¿Misión imposible?
La UE se empeña en fomentar la agricultura ecológica a golpe de ayudas, porque, supuestamente, la producción es respetuosa con el medio ambiente y tienen una mayor calidad. Sin embargo, nada de esto está demostrado. El propio informe del Tribunal de Cuentas admite que "no hay forma de medir los supuestos beneficios medioambientales" y todavía no se ha publicado ningún estudio que constate que los productos ecológicos tienen mayor "calidad nutritiva o sensorial".
Lo que sí está más que demostrado es que los productos ecológicos son más caros por dos factores difíciles de cambiar. El primero es que la agricultura ecológica es menos productiva, aproximadamente un 20% por debajo de la convencional. Y en segundo lugar, los pesticidas "naturales" que utilizan son mucho más caros que los de síntesis química.
Así que la UE sigue intentando cambiar la dinámica del mercado dopando el sistema ecológico con ayudas públicas. Todo ello, basándose en argumentos no demostrados científicamente y cuya única consecuencia será un aumento de los precios de los alimentos para los consumidores y una posible pérdida de la soberanía alimentaria. ¿Qué puede fallar?