
A lo largo del pasado lunes 30 de septiembre, España fue notificada de una nueva derrota en el marco de los litigios internacionales por la retirada retroactiva de las primas renovables. Esta vez se trata de la decisión del comité 'ad hoc' constituido en el seno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) con motivo de la solicitud de anulación del laudo que obliga a nuestro país a indemnizar a la compañía de energías renovables alemana Steag.
El tribunal que ha tumbado la petición del gobierno español estuvo confirmado por Eva Kalnina (presidenta), Milton Estuardo Argueta Pinto y Ricardo Vásquez Urra. Dicha instancia ha rechazado la solicitud de anulación con la que el Ejecutivo pretendía anular el laudo emitido a mediados de agosto de 2021, que condena a nuestro país al pago de unos 30 millones de euros como compensación por las pérdidas derivadas de los cambios regulatorios y fiscales que se adoptaron entre 2010 y 2014.
Steag reclamó al Estado español un pago de 79 millones de euros. El arbitraje echó a andar en 2015 y llegó a su fin en 2021 con una decisión que reconoció una indemnización cercana a los 30 millones. El proceso de intento de anulación del laudo por parte de España que ahora llega a su fin ha retrasado tres años más la resolución final de este proceso, que se salda en cualquier caso con una nueva derrota para nuestro país y agrava la inseguridad jurídica asociada al escándalo de las primas.
El pasado mes de septiembre trascendió que la justicia estadounidense ha autorizado el embargo de bienes y activos del Reino de España como medida de compensación por los impagos que están sufriendo las empresas afectadas, que cifran en más de 1.882 millones de euros el golpe económico de una saga que no solamente abarca más de 25 pagos pendientes en concepto de indemnizaciones, intereses de demora, condenas en costas y honorarios de consultores y abogados reclutados por el gobierno español.
Además, a lo largo del verano se comunicaron nuevas medidas de embargo autorizadas por la justicia belga, que ha intervenido los pagos de Eurocontrol a Enaire a instancias de una de las compañías afectadas por los impagos.