La Comisión Europea ha propuesto retrasar un año la entrada en vigor de la ley sobre la deforestación (EUDR) que prohíbe importar productos que hayan provocado la tala de árboles en sus lugares de origen y que, inicialmente, iba a comenzar a aplicarse a finales de diciembre de este año. Bruselas finalmente recula ante las numerosas críticas que ha recibido por parte de países como Argentina, Honduras o Brasil, que denunciaban que el reglamento era caótico, supondría un encarecimiento de los productos básicos, además del intrusismo de la UE en sus respectivas legislaciones.
El reglamento afecta a productos como la soja, la carne de vacuno, el aceite de palma, el chocolate o el café. Los productores de terceros países tienen que garantizar que estas materias no han causado deforestación en comparación con 2020 y cualquier empresa europea que no verifique el origen de los productos y sus derivados podrán ser sancionados con multas de hasta el 4% de su volumen de negocio.
Brasil pidió hace semanas una prórroga porque la norma implica una carga burocrática imposible de cumplir para los agricultores. Lo mismo sucedió con Honduras, que preguntaba quién iba a asumir los costes de geolocalizar todas las fincas productoras de café en un país donde el 90% son pequeños agricultores. Por su parte, el Gobierno de Javier Milei firmó en contra del reglamento junto al resto de países del acuerdo Mercosur, y los agricultores argentinos cuestionan con qué derecho la UE se autoproclama "la policía ambiental y productiva del mundo".
Las presiones en contra del reglamento también han llegado desde dentro de las fronteras de la UE. Más de una veintena de federaciones internacionales de productores de cartón, madera, papel, piensos, telas y muebles, entre otros, denunciaron que "la aplicación de la EUDR para finales de 2024 es sencillamente inviable y provocaría la desaparición de muchas pequeñas empresas del mercado y la pérdida de puestos de trabajo en las zonas rurales".
También alertaron de que este reglamento supone una amenaza a la seguridad de la cadena de suministro, reducirá el acceso al mercado a los alimentos, piensos y productos forestales vitales de la UE, así como al sustento de las zonas rurales, además de aumentar las presiones inflacionistas sobre los bienes de consumo.
Un ejemplo claro de las consecuencias de la EUDR es la situación que se dará con los piensos para animales, que en su mayoría se fabrican con la soja importada de América. Con la nueva ley, las exportaciones subirán de precio debido a los costes burocráticos que supone verificar el origen de los cultivos. Esto supondrá un encarecimiento de los costes de producción para los ganaderos, que, a su vez, repercutirán esta subida en el precio de la carne y los huevos. Así que, al final, el consumidor es el que acaba pagando la factura.
Finalmente, la Comisión Europea ha recapacitado y propone retrasar un año la entrada en vigor de la EUDR. Si el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE lo aprueban, el Reglamento será aplicable el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las microempresas y las pequeñas empresas. Sin embargo, tal y como recuerda la UE, la propuesta de prórroga no cuestiona en modo alguno los objetivos ni el fondo de la ley.
Además, dado el caos que ha supuesto la norma para todos las empresas europeas que comercian con terceros países, la Comisión también ha publicado documentos de orientación adicionales y un marco de cooperación internacional "más sólido" para "ayudar" a las partes interesadas a escala mundial, a los Estados miembros y a los terceros países en sus preparativos para la aplicación del Reglamento de la UE sobre deforestación.