Polémica por la nueva norma que obligará a los parados a presentar la declaración de la renta a partir del próximo 1 de noviembre. El Gobierno introdujo este cambio en un real-decreto ley del pasado 21 de mayo "por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo", y ya se acerca la fecha.
La puesta en marcha de este plan va a suponer un mayor nivel de control y de exigencia en las obligaciones de estos contribuyentes con Hacienda, y lo que es peor... implicará una subida de impuestos para algunos desempleados.
Trabajo le resta importancia
La semana pasada, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, intentó restarle importancia al cambio, que calificó de meramente "documental" y de "una recomendación de Hacienda".
"Se les sigue aplicando su mínimo exento, que es de 15.800 euros, y por lo tanto, no hay más que una obligación documental, que, por cierto, ya estaba prevista en el Ingreso Mínimo Vital" señaló el número dos de Yolanda Díaz.
Cabe recordar que, hasta ahora, los parados que percibían la prestación, no estaban obligados a presentar la declaración si no obtenían ingresos superiores a los 22.000 euros anuales o por encima de los 15.000 euros si tenían dos o más pagadores y uno de ellos le había abonado más de 1.500 euros anuales. Es decir, como cualquier asalariado.
Sin embargo, la realidad que Pérez Rey prefirió obviar en su discurso es que, aunque sucederá que algunos parados sigan sin pagar nada, sí habrá casos en los que esta obligación sí va a suponer una mayor fiscalidad.
Subidas de más de 100 euros en el IRPF
Entre los principales damnificados, en el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) destacan a los parados que cobren entre 15.876 euros al año (mínimo exento) y 22.000 euros provenientes exclusivamente del SEPE.
Así, un desempleado que haya ingresado 16.000 euros en este ejercicio por las prestaciones, y que no estaría obligado a presentar la renta hasta ahora, pagaría más de 9 euros en Cataluña. La razón de este diferencial es que las retenciones por norma general son menores que la tarifa (excepto en Madrid, Andalucía, Galicia y Valencia para este sueldo).
En el caso de que ese contribuyente reciba una prestación por desempleo de 17.000 euros, la subida de IRPF se produce en todas las CCAA con el cambio del Ejecutivo. En concreto, sería en Cataluña donde se daría la mayor subida tributaria a los parados, con más de 93 euros extra, seguida de Asturiasm con 73.
Para un parado que ingrese 18.000 eurosm el golpe es todavía mayor, superando los 100 euros en buena parte de las regiones españolas.
Yolanda Díaz quiere ampliar la obligación
Tras conocerse esta modificación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue más allá y planteó la necesidad de que todo el mundo presente la declaración de la renta. En opinión de la ministra, "ayudaría a todas esas personas para se puedan ver beneficiadas de muchas actuaciones que hoy, por la sencillez de no hacer la renta quedan completamente al margen de las misma".
"A veces nos preguntan por qué no podemos hacer compensaciones o ayudas directas. Pues, sencillamente, el simple hecho de que no tengamos la declaración de la renta, a diferencia de otros países, de los ciudadanos de nuestro país, lo impide", señaló Díaz, que cabe recordar, que está inmersa en un plan fiscal para aumentar la recaudación del Estado y que lo ha puesto de condición a Sánchez para aprobar los Presupuestos.