El Banco Central Europeo (BCE) desbarató ayer el impuestazo a la banca del Gobierno. Su propia presidenta, Christine Lagarde firmó un dictamen en el que pone de manifiesto los perniciosos efectos del plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez para hacer permanente el impuesto "temporal" a las entidades financieras.
Cabe recordar que el Gobierno puso como excusa para aplicar este impuesto específico a la banca, que las entidades se estaban lucrando con las subida de tipos del BCE. Sin embargo, ahora que el BCE ha relajado su política monetaria (la última bajada se produjo hace una semana), Sánchez no piensa renunciar a este tributo.
El BCE considera que este impuesto resta competencia a la banca española y deja a las entidades en una posición de desventaja a la hora de "absorber los riesgos de una desaceleración económica" o crear "colchones de capital", entre otras consecuencias para el negocio bancario.
Se traducirá en prestamos y servicios más caros
De cara a los efectos que este tributo tendría sobre la clientela de nuestro país, el BCE avisó de sus "efectos económicos adversos al limitar la capacidad de las entidades de crédito para conceder crédito" y "contribuir potencialmente" a que los bancos ofrezcan "unas condiciones menos favorables para los clientes de los préstamos y otros servicios", como pueden ser las comisiones más altas o las menores remuneraciones de los depósitos.
En España, la indignación de la banca con este tributo extra es total. Tanto es así, que las patronales bancarias AEB y CECA valoran acudir a los tribunales "puesto que subsisten algunos de los vicios de inconstitucionalidad del actual gravamen en vigor" aseguran.
Y es que, el Gobierno ha rediseñado este tributo para hacerlo permanente aplicando una nueva fórmula que penaliza todavía más a los grandes bancos afectados y reduce la factura de los de menor tamaño. Según cálculos de BNP Páribas, CaixaBank, Santander y BBVA pagarán más que este año, mientras que Sabadell, Bankinter y Unicaja, pagarán menos.
Todos los socios de Sánchez, a favor
No deja de ser llamativo que, en lo relativo a la banca, Sánchez no se ha encontrado ninguna crítica de sus socios, entre los que hay unanimidad para seguir asfixiando a un sector, que ya paga un Impuesto de Sociedades más alto que otros sectores.
Mientras que el impuesto extra a las energéticas, que el Gobierno aprobó de la mano del bancario, se ha encontrado con la oposición de PNV y, sobre todo, de Junts, no ha habido debate con la banca. Tanto la izquierda como los independentistas consideran que tiene que ser gravada.
Lo mismo ha ocurrido con la larga lista de impuestos que PSOE y Sumar pactaron recientemente. El impuesto al lujo, el impuesto a las socimis, el de las primas de seguro que afectan a la sanidad privada...
Ninguno de estos tributos saldrán adelante por la oposición de alguno de los socios de Sánchez. Sin embargo, todo parece indicar, que si el Gobierno lograra sacar adelante la reforma fiscal que tiene en marcha ara 2025, la banca será el primer sector en sufrir sus consecuencias.