Si la retribución del trabajo no estuviera en relación con la productividad, sino con la sensibilidad o generosidad de legislador, lo primero que cabria preguntarse ante la propuesta del gobierno de reducir coactivamente la jornada laboral a 37,5 horas a la semana —cobrando lo mismo— es por qué es tan cicatero y no la rebaja a 35, a 30 o a 10 horas semanales. Lo mismo cabria peguntarse, por cierto, respecto a sus medidas de aumento del salario mínimo…
Es evidente, sin embargo, que hasta un gobierno tan proclive a la demagogia como ignaro en materia económica como el que preside Pedro Sánchez sabe que encarecer coactivamente la contratación —no otra cosa es obligar a pagar lo mismo por menos horas de trabajo— destruye puestos de trabajo por mucho que no sea ese su objetivo. Prueba de ello es que, a finales de 2023, Yolanda Díaz ya pactó con Sánchez la enésima intervención del mercado laboral para reducir en 2024 esas horas máximas de trabajo a 38,5 horas semanales. Sin embargo, el año pasado, la líder de Sumar no logró llevar a cabo su objetivo debido a los constantes desacuerdos con la patronal y hasta con el propio Ministerio de Economía, que dirige Carlos Cuerpo, al que llegó a llamar "mala persona" por no tener tanta prisa como ella por llevar a cabo la medida.
Está visto, sin embargo, que Sánchez ha cedido finalmente a las presiones de su socia de gobierno, Yolanda Díaz, quien no habiendo trabajado nunca, se permite dar lecciones de ética del trabajo a los empresarios y trabajadores que dependen de sus clientes.
Cabe decir que, aunque hay millones de trabajadores que ya trabajan 37,5 horas a la semana tras haberlo pactado con sus empresas —lo mismo cabe decir de la inmensa mayoría de trabajadores que son retribuidos por encima del salario mínimo—, la medida del gobierno social-comunista puede ser enormemente perjudicial para aquellas personas con poca preparación y baja productividad y en sectores, como ocurre especialmente en la agricultura y en el turismo, en donde no es posible que una mayor productividad pueda absorber a partir de ahora el mayor coste por hora trabajada. Prueba de ello ya no es solo la oposición a la medida que se había dado en el propio seno del gobierno de coalición, sino sobre todo la firme oposición de la patronal, especialmente de las pymes y de los autónomos. Eso, por no hablar del rotundo fracaso experimentado en Francia con medidas similares…
Está visto, sin embargo, que el trabajo para el gobierno está visto más como una maldición o un infierno que como un elemento clave en el proyecto vital, en la independencia y en el desarrollo personal de los ciudadanos por lo que se permite prohibir a todos los trabajadores trabajar más de 37,5 horas semanales en un mismo puesto de trabajo. El gobierno tiene además una visión típicamente socialista y funcionarial que ve el trabajo como algo fijo que no cabe crear sino tan solo repartir.
El tiempo dirá, sin embargo, si el gobierno social-comunista es capaz de armar una mayoría suficiente de cara a su aprobación en el Congreso. Lo tiene difícil, aunque los complejos de unos y las restablecidas relaciones con los de Puigdemont —a pesar de la firme oposición de la patronal catalana— no lo hace en modo alguno imposible.