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Yolanda Díaz se prepara para implantar su 'Gran Hermano laboral'

Yolanda Díaz ha aprobado en Consejo de Ministros que la Inspección vigile en tiempo real el horario laboral de los ciudadanos.

Yolanda Díaz ha aprobado en Consejo de Ministros que la Inspección vigile en tiempo real el horario laboral de los ciudadanos.
Ernest Urtasun, junto a Yolanda Díaz, ayer miércoles | EP

Yolanda Díaz ha conseguido sacar adelante en Consejo de Ministros una de sus medidas de cabecera en esta legislatura: la reducción de la jornada laboral.

El pasado martes, el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley que pretende forzar a las empresas, ya este año, a reducir la jornada laboral de su plantilla pagándoles el mismo sueldo.

Para ello, el Ejecutivo va a modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de impedir a los empleados trabajar más de 37,5 horas a la semana en lugar de las 40 horas actuales.

Aunque la medida todavía tiene que votarse en el Congreso de los Diputados (y podrían tumbársela al Gobierno), este aumento estatal de los costes empresariales no llegará solo. Y es que, Yolanda Díaz lo acompañará con lo que ella considera "lo más importante de la norma", que es la "reformulación del control horario", señaló la líder de Sumar en la rueda de prensa al Consejo de Ministros.

El ‘Gran Hermano laboral’

"El control horario va a ser modificado, va a ser propio del siglo XXI, y va a ser, por supuesto, digital, interoperable, con control remoto y en el que la Inspección de Trabajo va a saber, en tiempo real, cuáles son las jornadas que cualquiera de ustedes van a hacer" explicó la ministra.

Como ya publicamos en Libre Mercado, la ministra de Trabajo lleva planeando esta especie de Gran Hermano laboral desde principios de 2024. Ahora, cada vez está más cerca de convertirse en realidad. "Esta es la gran medida estrella de la reducción de la jornada laboral" aseguraba esta semana Yolanda Díaz

En el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos están espantados ante esta nueva idea. "Me parece invasivo que la Inspección de Trabajo pueda entrar en los programas de control horario. Es una medida que demuestra, una vez más, la falta de confianza de los gobernantes en las empresas. Además, crea, en mi opinión, un grave precedente. ¿Qué será lo siguiente? ¿Fiscalizarán cada asiento contable en tiempo real? ¿Revisarán las nóminas antes de pagarlas?" se pregunta su presidente, Fernando Santiago, en declaraciones a Libre Mercado.

Según los cálculos de los gestores, la reducción de la jornada laboral a 37,5 h semanales costaría un mínimo de 15.000 millones de euros a las empresas de nuestro país.

Todos los requisitos

Sin embargo, según el Gobierno, "la eficacia de la reducción de la jornada máxima legal requiere de medidas complementarias como la regulación precisa del registro de jornada que deberá contar con los siguientes requisitos":

  • Utilización de medios digitales
  • Cumplimentación de forma personal y directa con garantías de autenticidad y trazabilidad
  • Utilización de formatos comprensibles
  • Establecimiento de obligaciones documentales y de accesibilidad inmediata e interoperabilidad
  • Registro de jornada idéntico en los contratos a tiempo parcial

Cabe recordar que fue en el año 2019 cuando el Gobierno de Pedro Sánchez obligó a las empresas españolas a registrar el horario de todos sus empleados. Ese registro podía ser a papel y boli, mediante tarjetas o huellas dactilares, con aplicaciones de móviles… Sin embargo, el plan de Yolanda Díaz es que, ahora, sólo pueda ser digital y estará vigilado en vivo por la Inspección de Trabajo. Para ello, el Gobierno obligará a las empresas a lo siguiente:

  1. "Las personas trabajadoras practicarán los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada, de forma que la empresa no pueda condicionar su contenido. De la misma manera se registrarán todas aquellas interrupciones que afecten a su cómputo".
  2. "Para garantizar la autenticidad y la trazabilidad de los datos reflejados en el registro, este deberá permitir identificar inequívocamente a la persona trabajadora que lo realiza, así como las eventuales modificaciones de los asientos efectuados".
  3. "La información deberá figurar en un formato tratable, legible y compatible con los de uso generalizado tanto para la empresa como para las personas trabajadoras y las autoridades competentes, que permita su documentación y la obtención de copias. El sistema de registro garantizará la interoperabilidad que permita su acceso y gestión".
  4. "Las personas trabajadoras, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán acceder de forma inmediata al registro en el centro de trabajo, y en cualquier momento. Además, el registro deberá ser accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la representación de las personas trabajadoras".
  5. "La empresa conservará los registros durante cuatro años, periodo durante el cual permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".

"Derecho a la desconexión"

Además, otra medida que irá acompañada de la reducción de la jornada laboral será lo que Díaz ha bautizado como "el derecho a la desconexión". Se trata de "un derecho irrenunciable para evitar que pueda exigirse el desarrollo de la prestación fuera de los horarios pactados, respetando el derecho al descanso y a la propia intimidad de las personas trabajadoras frente al uso de los dispositivos de videovigilancia y geolocalización", señala el Ejecutivo.

"Rechazar o no atender la comunicación o la petición de prestación laboral por medios digitales fuera de la jornada laboral, no podrá generar consecuencias negativas, represalias o trato menos favorable para la persona trabajadora" añaden.

Amenaza de multas

En el caso de incumplimiento de estas obligaciones en materia de registro de jornada, el Gobierno considerará "la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro o el falseamiento de los datos registrados".

"Los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave" avisan. Las multas tendrán como importe:

  • En su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros
  • En su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros
  • En su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros

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