La industria automovilística sigue lanzando alarmas sobre lo que puede ocurrir en 2025. En el camino hacia el fin de los coches con motor de combustión, este año entra en vigor la primera de las metas en reducción de emisiones: una rebaja del 15% respecto a 2021, lo que supone un máximo de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro cuadrado y vehículo. En 2030 esa meta será del 55 % hasta llegar al 100% en 2035, lo que supondrá la prohibición de la venta de este tipo de vehículos en toda la UE.
La consecuencia del reglamento es que los fabricantes que la incumplan y excedan estos límites con las ventas de vehículos tendrán que pagar multas: el hecho de que el coche eléctrico, lejos de despegar según esperaba la UE, esté estancado (las ventas se redujeron incluso en 2024) ha provocado un terremoto en una industria ya lastrada por otros problemas como la feroz competencia china, la parálisis económica o los costes de la transición eléctrica. El sector ha llegado a cifrar en 15.000 millones las multas que debería pagar por no vender todos los eléctricos que debería y lleva semanas presionando a la UE para que mueva ficha y flexibilice los plazos para no dar un golpe mortal a una industria que, estiman, da empleo a 13,2 millones de europeos.
A estos mensajes de alarma se han sumado también algunos países y políticos: hace unos días, tres ministros franceses, Agnes Pannier-Runacher, Marc Ferracci y Benjamin Haddad, publicaron una carta a Ursula von der Leyen en Les Echos avisando de que la aplicación estricta de los plazos puede acabar "debilitando" la capacidad de la industria para adaptarse a la "transición energética". Destacan que los fabricantes no son los responsables de la baja demanda de eléctricos y animan a la UE a suavizar los objetivos o modificar el calendario, haciendo hincapié en la necesidad de una política industrial que contemple la "flexibilidad, adaptabilidad y simplicidad".
Al respecto, los ministros plantean las dos posibilidades que asoman si la UE no corrige el rumbo. Una de ellas es que los fabricantes opten por poner en el mercado menos vehículos de combustión, como ya explicó Libre Mercado, cantidad que desde Faconauto estimaron en unos 175.000 sólo en España y que entre otras consecuencias, conllevaría despidos y una subida de precios. La otra suena descabellada pero está sobre la mesa, confirman fuentes del sector: que los fabricantes europeos "compren derechos de emisión a fabricantes no europeos" que no los necesitan, es decir, a empresas como Tesla o a marcas chinas que comercializan eléctricos como MG o Byd. Los ministros avisan de que supondría la transferencia de "miles de millones de euros" a la competencia detrayendo ese capital de su transformación industrial.
Entre tanto, la negociación entre Bruselas y los fabricantes continúa: la patronal europea defiende que no se trata de "cambiar de destino sino de ajustar la forma en que llegamos hasta allí" y reclaman que en el nuevo plan que quieren que la UE apruebe en marzo se flexibilicen y alarguen los plazos. Avisan de que las multas y la incertidumbre suponen una amenaza para la producción, el empleo y sobre todo las futuras decisiones de inversión en una industria estratégica para la UE.