La Comisión ha presentado su hoja de ruta para la agricultura y la alimentación con el objetivo, dicen, de "garantizar el futuro de nuestros agricultores y de nuestros alimentos". El documento, lleno de buenas intenciones, no incluye grandes novedades o cambios, pero sí deja claro que Bruselas garantizará que "todos los productos tengan los mismos estándares", tal y como destacó este jueves el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, durante su visita a España.
Esta es precisamente una de las reivindicaciones de los agricultores europeos, sometidos a una amplia y estricta normativa medioambiental que, por ejemplo, restringe el uso de algunos fitosanitarios que sí están permitidos e incluso se consideran seguros en los productos importados de terceros países.
Así que, según señala el documento, la Unión Europea se propone "alinear los estándares de los productos importados para garantizar que los ambiciosos estándares de la UE no generen una desventaja competitiva, y hacer cumplir plenamente la seguridad alimentaria, ya que sigue siendo una prioridad no negociable".
De este modo, los países miembros optan por cerrar el puño verde con las frutas, verduras, carne y pescado que nos llega de otros países. Las consecuencias las pagarán (en sentido literal) los consumidores con una más que previsible subida de los precios de los alimentos.
Contradicciones
La Unión Europea ya ha tenido problemas a la hora de exigir a otros países no miembros que traguen con una normativa que ni siquiera han podido votar. Este fue precisamente el motivo por que se tuvo que conceder un año de moratoria a la norma antideforestación de la UE que iba a entrar en vigor en 2025 y que prohíbe las importaciones de productos que hayan provocado la tala de árboles.
Y lo mismo podría suceder con el acuerdo Mercosur, que se firmó recientemente tras 25 años de negociaciones (está pendiente de ratificación) y que no incluye cláusulas espejo. Por otra parte, está claro que los socios comerciales de la UE no van a comprometerse con una serie de medidas que puedan debilitar su competitividad, más allá de un compromiso vago o inespecífico.
En cualquier caso, la Comisión insiste en que va a "garantizar que las ambiciosas normas de la UE no den lugar a desventajas competitivas, en consonancia con las normas internacionales". También anuncian que tomarán medidas este mismo año para "evaluar el impacto de una mayor coherencia de las normas en lo que respecta a los plaguicidas peligrosos prohibidos en la UE y al bienestar animal".
Todo ello, obviamente, sin renunciar a los objetivos climáticos de la UE para 2040, lo que se traduce, según el documento, en "adoptar prácticas innovadoras que sean sinónimo de oportunidades para los agricultores, garantizando que la descarbonización y la competitividad vayan de la mano".
El campo desconfía
Las principales asociaciones agrícolas se preguntan en qué medidas concretas se van a traducir estas bonitas palabras de la Comisión. Desde COAG aseguran que la Visión de la Agricultura y la Alimentación para 2040 es "una declaración de buenas intenciones que se queda coja en las principales amenazas" y solicitan medidas más proteccionistas.
"El acuerdo con Marruecos ha provocado la desaparición del cultivo de la judía verde en España y en el tomate Cherry vamos por el mismo camino. Ahora, con Mercosur, el vacuno de carne, los cítricos o la miel, ven amenazada su rentabilidad", ha recordado el secretario general de COAG, Miguel Padilla. "No basta con reconocer que los agricultores necesitan precios rentables, tal y como recoge el texto presentado. Hay que protegerlos de una competencia desleal que los aboca a vender por debajo de costes de producción".
Por su parte, ASAJA valora "el cambio de enfoque" en el documento de la Comisión Europea, aunque echa en falta "una clara prioridad para los profesionales del sector y un presupuesto comprometido para desarrollar las medidas que sin dinero se quedarán en retórica".