Mientras se acortan los plazos para revertir el apagón nuclear, la duda más repetida es si finalmente será posible acometerlo por el impacto que podría tener en la estabilidad del suministro eléctrico. Hace muy pocos días, en un acto en Madrid, la presidenta de la World Nuclear Association, Sama Bilbao, insistió en que España "no puede permitirse el lujo de prescindir de las nucleares" citando entre otros motivos "el riesgo de falta de suministro": "Hemos estado un par de veces a un papel de fumar de tener blackouts", dijo refiriéndose a la activación el pasado mes de diciembre, en dos ocasiones, del denominado servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD), un mecanismo del operador del sistema que permite desconectar de la red a grandes industrias.
Aunque en su día desde Red Eléctrica (Redeia) no se refirieron a estas incidencias, varios medios se hicieron eco de la noticia y el sector lo confirmó: durante dos días de diciembre, coincidiendo con un momento en que la central nuclear de Ascó tenía sus dos reactores apagados, uno por recarga de combustible y otro por una reparación, se tuvo que activar el mecanismo ante la combinación de la ausencia de la central catalana, la alta demanda por el frío y un bajo rendimiento de la eólica por falta de viento. Ahora, un informe de la CNMC sobre el sistema gasista adelantado por El Economista confirma la situación vivida a finales de año y cómo la solución fue recurrir al gas:
"Durante diciembre, se produjeron importantes oscilaciones diarias en la demanda para generación eléctrica, con un máximo de demanda el día 11 (680 GWh) por la ausencia de viento, baja producción solar e indisponibilidad de dos centrales nucleares. La flexibilidad operativa necesaria para atender estos cambios fue proporcionada por las plantas de regasificación".
No fueron los únicos momentos del año pasado en que se activó el mecanismo que fuerza una reducción del consumo de la gran industria: en mayo del año pasado, y también coincidiendo con una parada en Ascó y una baja generación eólica, Red Eléctrica activó el servicio de respuesta activa de la demanda que permite la desconexión de 609MW de demanda industrial "para garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación". Así lo admitieron en su día fuentes de Red Eléctrica, resaltando que la continuidad del suministro "no se vio en ningún momento comprometida".
"Riesgo de incidentes operacionales"
También en estos días ha salido a la luz un revelador párrafo incluido en un informe de Redeia (Red Eléctrica) remitido a la CNMV. En el documento sobre sus Cuentas Anuales Consolidadas 2024, la empresa asume que el cierre de centrales de carbón, ciclo combinado y nuclear "implica una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia".
"Esto podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales que puedan afectar el suministro y la reputación de la empresa. Esta incidencia supone un riesgo, con un horizonte temporal a corto y medio plazo. El riesgo se ubica en las actividades propias y de los clientes y usuarios", señala el informe citando como posibles medidas para "hacer frente a este riesgo" el "fortalecimiento de las interconexiones internacionales, puesta en servicio de sistemas de almacenamiento, desarrollo tecnológico de los convertidores de electrónica de potencia y otras tecnologías que permitan que las necesidades del sistema de inercia y su fortaleza puedan ser provistas por la propia generación renovable o el impulso de mecanismos de flexibilidad y de redes inteligentes".
Mientras en la presentación de los resultados de la compañía su presidenta, Beatriz Corredor, enfatizó que "a día de hoy" no hay riesgos para el sistema, en el sector aumentan la presión hacia el Gobierno, encabezada ya por los presidentes de las grandes propietarias de las centrales. Hace unos días, fueron los propios presidentes de Iberdrola y Endesa, Ignacio Sánchez Galán y José Bogas, los que reclamaron un diálogo al Ejecutivo y se mostraron partidarios de mantener las centrales abiertas alegando entre otras cosas los mencionados riesgos para el sistema.
Red Eléctrica tendrá que emitir en cualquier caso un informe sobre el impacto del primer cierre programado, el de Almaraz, cuando la central solicite el apagado si sigue en marcha el calendario pactado.