Arteras campañas al margen, el exgobernador considera una gran injusticia que su gestión de la burbuja no haya sido premiada con un marquesado o, en su defecto, con otro pazo como el de Meirás.

Frente a Valencia y Murcia, en el caso catalán parece como si el gobierno de Convergencia y Unión nos estuviera haciendo al resto de los españoles el inmenso honor de aceptar nuestro dinero para seguir gastando como hasta ahora.

¿Qué es lo que debería hacer el Gobierno de la Nación, por tanto? Pues muy sencillo. Además de imponer el más que lógico ajuste presupuestario, debe forzar a que Cataluña abandone todas las políticas nacionalistas que impliquen gasto.

PP y PSOE se pelean como verduleras en el Congreso de los Diputados, pero luego resulta que nos los encontramos a todos en los consejos de administración de las grandes empresas que viven del dinero público.

Hasta ahora, la inclusión financiera abarca sobre todo el microcrédito (pequeños préstamos a personas pobres para que abran empresas), que empezó hace poco más de una década y el dinero móvil.

Un pueblo laborioso y noble como el español, que no gusta de ser engañado, debería estar exigiendo, incluso judicialmente, las responsabilidades de los gobiernos del PSOE durante casi dos legislaturas completas, como Islandia lo hizo con su presidente.

Hoy se ha dado un paso que, en general, y dejando de lado esa sangrante nueva subida de impuestos, va en la buena dirección. El riesgo cierto es que, como le sucedió a ZP tras el tijeretazo, a Rajoy se le olvide dar los pasos siguientes.

Estamos aviados si el gran defecto del Gobierno es asumir las obligaciones inherentes a la pertenencia al euro y renunciar a la plena autonomía económica. El de Rajoy ha cometido errores, pero ése no es uno de ellos.

Hablamos de servidores públicos que todos los días se dejan la piel para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelar esos servicios públicos.