El ministerio de Fomento quiere abrir el mercado para favorecer la competencia y conseguir menores precios, pero el de Hacienda amenaza con poner trabas a las empresas de menor tamaño con el nuevo sistema de clasificación. El ministerio dirigido por Cristóbal Montoro está dispuesto a retirar la reforma ante el rechazo unánime de las cerca de 80.000 empresas del sector, que piden a Hacienda que espere las futuras normas comunes para la Unión Europea antes de intervenir en el sector español.
La inversión en obra pública del estado, las Comunidades Autónomas y los poderes locales equivale a un “pastel” de 3,3 billones de pesetas al año, o sea tiene una entidad suficiente para permitir la concurrencia de todo tipo de empresas. Pero aquí empiezan los problemas, porque el tamaño sí que importa.
El ministerio de Fomento tiene planes ambiciosos para continuar con un fuerte ritmo de inversiones, que llegarán a 4,1 billones de pesetas en 2002. Además, el plan de infraestructuras del 2000 al 2007 supone inversiones por 19 billones de pesetas, que el gobierno quiere abrir cada vez más a la iniciativa privada para que no sea sólo la administración pública la que invierta.
El departamento de Francisco Álvarez Cascos quiere que participen todo tipo de empresas en los proyectos públicos y de iniciativa privada, para abrir el horizonte y compartir el esfuerzo inversor. Pero las empresas privadas quieren un trato favorable, como la disminución de los impuestos por asumir el riesgo de invertir en infraestructuras.
Las grandes empresas han puesto el grito en el cielo ante el peligro de que se presenten a los concursos ofertas anormalmente bajas, posiblemente con menoscabo de la calidad final. Por ello, la asociación de empresas constructoras de ámbito nacional, SEOPAN, ha pedido que se eliminen radicalmente estas ofertas sospechosas.
Las constructoras facturan en su conjunto en España 13 billones de pesetas al año, la mayoría en vivienda, pero la licitación de obra civil pública se lleva un buen pellizco de su actividad. Las grandes constructoras son seis (Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados, Ferrovial, ACS, Acciona y OHL) y se han movilizado para no seguir perdiendo cuota del mercado de las obras públicas, en el que les va la supervivencia.
La actividad de estas constructoras equivale al 3,4 por ciento del producto nacional bruto español, emplean a 375.000 trabajadores y representan a dos millones accionistas. Les asusta la entrada en el negocio de compañías de menor tamaño, pero que cuentan con el respaldo de las autoridades locales o autonómicas.
Estas últimas dan empleo a 825.000 personas y ven en los gobiernos de su ámbito poderosos aliados para conseguir contratos: el dinero queda en casa y se disminuye el paro de la zona: los rendimientos políticos están asegurados. Además, cada vez son más agresivas y consiguen contratos por sus precios más competitivos y porque compiten en proyectos en los que tradicionalmente no estaban presentes.
Sin embargo, su propia atomización (suman 77.000) y su escaso capital son sus puntos débiles. La coyuntura les puede dar más de un disgusto si se tiene en cuenta que el precio del betún ha aumentado el 72 por ciento en los últimos 18 meses y el del fuel ha subido el 258 por ciento en un año. Además, existe otro problema, este de origen fiscal: las empresas tienen que adelantar el pago del IVA antes de haberlo cobrado, por lo que los grandes grupos pueden afrontar esta situación gracias a sus mayores recursos, pero los pequeños sufren la falta de liquidez de manera acuciante.
Una buena noticia para estas empresas de pequeño tamaño es que el ministerio de Fomento ha suprimido los concursos de proyecto y obra, por lo que las PYMES ya no se tienen que ocupar de elaborar los proyectos. Serán diseñados directamente por el ministerio, por lo que aumentará el número de constructoras que puedan acceder a los contratos.
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