No habrá bajadas de impuestos para la gasolina y el diésel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una lluvia de millones en lo que ha bautizado como "Plan de Choque de Respuesta a la Guerra". El Ejecutivo ha cifrado en 16.000 millones de euros esta batería de medidas, que se repartirán en 6.000 millones para subvenciones directas y 10.000 millones para los controvertidos créditos ICO que el Gobierno popularizó por la crisis del coronavirus.
Además de la ingente cantidad de dinero público que irá con cargo a los Presupuestos, muchas de las medidas anunciadas por Sánchez están basadas en el intervencionismo de sectores como el alquiler o la empresa. Por un lado, las revisiones de precios de los alquileres no podrán ser superiores al 2% durante los próximos tres meses "para evitar subidas elevadas que perjudiquen a las familias arrendatarias", dice el Gobierno, aunque lo cierto es que fue Sánchez el que estableció que las actualizaciones de las rentas solo se podían ligar al IPC. Además, también pretenden "evitar" temporalmente los despidos objetivos -en realidad, los encarecen- golpeando duramente al empresario.
Incertidumbre en el sector
Volviendo a las gasolinas. Según lo anunciado por Sánchez hoy, no va a producirse ningún tipo de alivio fiscal para los conductores españoles: la principal medida se basa en subvenciones.
Se trata de una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio para particulares y profesionales. El Gobierno -o mejor dicho, el contribuyente- costeará 15 céntimos y las petroleras, un mínimo de 5 céntimos. Lo cierto es que compañías como Repsol o Cepsa ya se han adelantado al Ejecutivo, y la semana pasada anunciaron rebajas en el combustible de 10 céntimos. El Gobierno incluirá estos descuentos dentro de la rebaja y no les obligará a realizar más bajadas extra.
Sobre los 15 céntimos en el combustible que va a subvencionar el Gobierno, en el sector reina la incertidumbre. Ni las grandes firmas del sector, ni la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que reúne a grandes petroleras como las anteriores mencionadas, ni la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, la que integra a las gasolineras low cost, ni la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES)... Tal y como han asegurado todos ellos a Libre Mercado, ninguno ha sido informado de cuál va a ser el sistema escogido por el Gobierno a la hora de aplicar esta subvención. Es el Ministerio de Hacienda el encargado de aplicar la fórmula.
¿Quién tiene que realizar el descuento?¿cuándo y cómo se paga?¿qué nivel de precios se va a coger de referencia a la hora de aplicar la rebaja? Son algunas de las preguntas a las que no pueden responder.
"Una cruzada ideológica contra los hidrocarburos"
El director general de CEEES, Nacho Rabadán, augura "muchísimos problemas" con unas subvenciones "de las que no tenemos ni idea". El responsable de una de las patronales de las gasolineras asegura que la medida "nos pilla de improvisto y cuando llevamos desde el día 14 de marzo intentando que nos expliquen qué iban a hacer".
"Se supone que quieren imitar al modelo francés, que comienza en abril, y donde son los grandes operadores los que nos hacen el descuento (en este caso Repsol, Cepsa...). En los monolitos de la gasolinera debería aparecer ya el precio del combustible descontado y en el ticket del conductor le informarían del descuento que asume el Estado cuando va a pagar, pero son solo suposiciones" señala Rabadán. "En plena volatilidad del mercado, va a ser muy difícil comprobar si la medida es eficaz o está sirviendo para algo. Yo auguro que en dos años nos dirá la CNMC que no" añade.
"Han aplicado esta medida, mucho más compleja de poner en práctica, por la cabezonería de no bajar ni el IVA porque ya hemos visto que Polonia lo ha hecho. A los que dicen que bajar el IVA no serviría a los transportistas, les diría que sí serviría para todos los millones de conductores del país y que a los profesionales, que se lo deducen, les otorgaría más flujo de caja. También hay margen para bajar el Impuesto Especial de Hidrocarburos, pero tampoco lo han hecho". Rabadán considera que la negativa del Gobierno a bajar impuestos se debe "a la cruzada ideológica contra los hidrocarburos que han emprendido". El Estado recauda cerca de 20.000 millones al año con la fiscalidad de los combustibles.
De hecho, este mismo mes ha llegado a la mesa de Hacienda la propuesta contraria. Y es que, el "Comité expertos" elegidos por María Jesús Montero plantea en su "Libro Blanco" un golpe sin precedentes al bolsillo de los conductores de vehículos de combustión.
Estos economistas instan al Gobierno a igualar "la fiscalidad de diésel y la gasolina de automoción", es decir, subir los impuestos al diésel. Pero no se quedan ahí porque plantean un "aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos" con "la creación de un impuesto sobre emisiones de CO2", que también afectaría a la gasolina. También quieren elevar el Impuesto de Matriculación con el objetivo de "penalizar a las tecnologías más contaminantes" porque "hay una situación muy seria de riesgo climático", señaló su presidente. El Gobierno se ha comprometido a estudiar todas estas medidas e incluir muchas de ellas en su reforma fiscal. En el caso del combustible, el Ejecutivo de Sánchez ya intentó subir el diésel en 2019.