El Consejo de Ministros ha prohibido los despidos en todas aquellas empresas que se acojan a las distintas ayudas que ha aprobado el Ejecutivo para hacer frente a la crisis económica y al repunte de la inflación. El gobierno de PSOE y Podemos ha ofrecido 1.200 euros en ayudas directas para el sector, a razón de 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta o 300 euros por vehículo ligero.
Sin embargo, por mucho que las ayudas puedan reducir el desfase existente entre unos ingresos menguantes y unos gastos crecientes, la cruda realidad es que una de cada tres empresas del sector del transporte por carretera están al borde de la quiebra, de modo que el alivio planteado se antoja a todas luces insuficiente.
De hecho, mientras que el Ejecutivo ha anunciado 6.000 millones de euros en concepto de ayudas al sector, los datos muestran que la inflación ya está generando casi 10.000 millones de recaudación adicional para el fisco. Si a eso le sumamos el hecho de que los ingresos tributarios están en máximos históricos, parece evidente que el gobierno se ha quedado a medias.
Requisitos que imposibilitan el ajuste
Pero lo más grave de todo es que estas ayudas tan reducidas no han venido acompañadas de ninguna rebaja de impuestos y, además, llevan aparejada la prohibición de aprobar despidos, lo que interviene directamente en la capacidad de las compañías de reducir costes para mantenerse en pie.
Como ha destacado UNO, la organización empresarial de la logística y el transporte, "al prohibir el despido se empuja a muchas pymes a la quiebra. Se trata de una medida antisocial, ya que condena a la desaparición a aquellas empresas que no tengan otra alternativa que reducir sus plantillas para hacer frente a esta compleja situación".
El presidente de UNO, Francisco Aranda, ha ido más allá en su crítica al gobierno: "lo que necesitamos son medidas de flexibilidad, a la espera de que podamos superar esta situación y, una vez volvamos a crecer, podamos volver a contratar. Pero, al limitar la toma de decisiones de los empresarios, nos quedamos sin capacidad de gestión y sin músculo de cara a encarar esta crisis. Yolanda Díaz demuestra así que desconoce el hecho de que para cualquier empresario es una decisión difícil el tener que despedir, pero a veces es la única forma de evitar que la empresa cierre sus puertas"
Cifras redondas... que no significan nada
El gobierno ha insistido, además, en movilizar una línea de créditos ICO, a pesar de que ya en 2020 y 2021 ha quedado claro que este tipo de ayudas no generan entusiasmo entre el empresariado español, que dejó sin utilizar hasta 36.000 millones del total movilizado por el Ejecutivo en concepto de "créditos blandos".
Peor aún: muchos de aquellos que sí han optado por financiarse a través del ICO han sido incapaces de mejorar su situación, puesto que el crédito solo compra algo más de tiempo, pero no altera los fundamentales de oferta y demanda, de modo que la ausencia de reformas y el magro desempeño económico terminan convirtiéndose en el clavo en la tumba de aquellas compañías que creyeron que este salvavidas sería suficiente.
Según datos del propio gobierno, los créditos ICO habilitados en 2020 y 2021 han dejado al menos una morosidad de 10.000 millones, a la que habría que sumar otros 3.000 millones que ya han sido reestructurados por la posibilidad de impago. No sería de extrañar, pues, que esta nueva línea de financiación barata termine convirtiéndose en otro agujero negro que no solo no evitará las quiebras en el transporte sino que, además, tendrá el efecto adicional de generar más deuda para los contribuyentes.