Portales inmobiliarios, propietarios y empresas gestoras de alquileres han criticado que el Gobierno vaya a prorrogar hasta el 30 de septiembre la limitación de la subida de los alquileres al 2%, como medida de protección social contra la inflación.
Esta medida forma parte del plan del Ejecutivo contra las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, cuya vigencia acaba el 30 de junio, y que Pedro Sánchez ha prometido prorrogar durante tres meses más.
La limitación de la subida de los alquileres al 2% se aplica en los contratos que se renuevan, como tope obligatorio para los propietarios de diez o más viviendas, mientras para el resto se debe aplicar cuando no haya otro acuerdo entre las partes.
Como viene informando Libre Mercado, esta regulación, así como el conjunto de medidas implementadas por el el Ejecutivo en materia de vivienda, están contribuyendo a empobrecer a los propietarios de inmuebles y desincentivando la inversión en un contexto de déficit de vivienda y escalada de precios.
Para el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, la prolongación de la medida supone "un nuevo golpe para el ya maltrecho parque de viviendas en alquiler, que mantiene la presión sobre los propietarios de vivienda, mayoritariamente particulares, sin ofrecer ninguna contraprestación ni ayuda por ello".
"Una vez más son las familias con viviendas en alquiler quienes deben sufragar una parte importante de las ayudas gubernamentales. Como consecuencia, veremos cómo la ya menguante oferta de viviendas en alquiler se reduce aún más rápido y, muy posiblemente, aumentará la litigiosidad entre propietarios e inquilinos por desavenencias sobre los costes de mantenimiento", señala en un comunicado.
Según los cálculos de Idealista, los caseros habían perdido hasta ahora cerca de 560 millones de euros por el tope a los alquileres en vigor desde abril, mientras que la nueva prórroga supondría un coste extra de 480 millones. En total, la pérdida para el conjunto de propietarios ascendería a más de 1.000 millones.
Desincentivará la inversión en alquiler
Por su parte, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha lamentado lo que considera una "clara intervención de los precios del alquiler, que abarcaría mínimo a un período de seis meses, donde miles de alquileres que les tocaría su revisión anual, estarían prácticamente congelados".
"De esta forma estamos ya ante un mercado inflacionista, con IPC disparado, más del 8 %, donde el mercado del alquiler estará intervenido, y los propietarios verán disminuida su rentabilidad, mientras todos los productos y servicios se encarecen", ha dicho a Efe.
A su juicio, "todo apunta a que esta medida de limitar las rentas del alquiler al 2 % o menos (IGC), será estructural y ya no hará falta aprobar ninguna ley de vivienda, porque de facto, el Gobierno, habrá encontrado el camino más fácil y rápido para intervenir las rentas de alquiler y además saltándose a las comunidades autónomas".
En esa línea, ha opinado que "esta medida de intervención sería medianamente aceptable, si solo fuera temporal, y se ajustara a los tres meses aprobados" inicialmente.
Para la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) "no es aceptable que se prorrogue una medida que se aprobó únicamente como una herramienta excepcional y acotada en el tiempo, que afecta a más de dos millones de españoles, que son propietarios de vivienda en alquiler y que necesitan de esta renta para complementar sus ingresos o su pensión".
Asval considera que esta limitación desincentiva la inversión en alquiler y derivará la oferta al sector de la venta y que, con ella, "se produce una transferencia de renta de los propietarios a los inquilinos injustificada".
Tras criticar que se establezcan subvenciones para otros sectores, como el de los carburantes o el energético y no se incluya ningún tipo de compensación para el mercado del alquiler, Asval -que dice contar con 4.000 asociados- ha asegurado que está "estudiando medidas legales para reclamar compensaciones al Estado por el perjuicio causado por la intervención inasumible en las rentas".