Si para algo está sirviendo la deriva tomada por la coalición Frankenstein en el Gobierno es para demostrar por enésima vez que el intervencionismo que proclama la izquierda como solución a todos los problemas, sólo los aumenta y cronifica.
Este Gobierno de comunistas y socialistas con apoyo de separatistas y filoterroristas, han ofrecido la misma solución a todos los problemas: ¿Que su cierre brutal de la economía con el impacto del covid generaba paro? Prohibían el despido. ¿Qué el mercado laboral español aqueja un fuerte componente de temporalidad? Se prohíben los contratos temporales. ¿Qué suben los precios de los alquileres? Prohíben que suban los precios. ¿Qué los precios de los carburantes se disparan y los camioneros montan una huelga? Pongo una bonificación y obligo a las gasolineras a adelantarlo. ¿Qué sube mucho el precio de la luz? Intervengo el mercado para poner un tope (falso) al precio del gas.
El Gobierno ha querido solucionar todos estos problemas bajo la misma premisa: intervención pública. ¿Su resultado? Gasolina cada vez más cara, se dispara la temporalidad real, aumenta el precio de los alquileres y escasea la oferta, sube la factura de la luz y se multiplican las empresas fantasma.
Prohibido despedir
Apenas unas semanas después de poner en marcha la medida más intervencionista del último siglo en España: encerrarnos en nuestras propias casas y ordenar el cierre de negocios, el Gobierno –ante la catarata de quiebras de empresas que se esperaba- decidió frenar la sangría laboral por decreto Ley, es decir, prohibió el despido. Durante toda la pandemia se mantuvo prohibido el despido objetivo (indemnizado con 20 días por año trabajado) si se alegaban causas relacionadas con la pandemia. Esto ha generado muchos conflictos en los tribunales y ha abocado a la quiebra a miles de empresas. En año y medio quebraron 207.000 empresas y 323.000 autónomos.
En marzo, ante la espiral alcista de los precios y la invasión rusa de Ucrania Yolanda Díaz volvió a esgrimir la posibilidad de prohibir los despidos objetivos como ya hizo durante la pandemia.
De contratos temporales a fijos discontinuos
El Gobierno anunció a finales de 2021 la aprobación de la reforma del mercado laboral que diseñó Yolanda Díaz para acabar, decía, con la precariedad y la temporalidad. Y lo hacía, de nuevo, vía decreto.
Así, el Gobierno cambiaba la ley para acabar con los contratos temporales y obligar a que los mismos pasen a llamarse fijos-discontinuos. Ahí es donde se encuentra un cambio en la contabilización de esas personas y esos contratos, al cambiar su naturaleza por ley, pasan a ser contabilizados de otra, de manera que los efectos que ello provoca no son reales, sino meramente artificiales. José María Rotellar ofrecía este gráfico en su análisis sobre esta reforma en Libre Mercado:
¿Qué logró esta medida? Primero, se dispararon artificialmente el número de contratos indefinidos. Sólo en mayo de este año, ha habido 530.349 contratos indefinidos más que en mayo de 2018 y 546.266 más que en mayo de 2019, previos a la pandemia y, por tanto, comparables (mayo de 2020 no es comparable, como tampoco, en gran medida, mayo de 2021).
En un reciente informe publicado por el sindicato USO analizan el resultado de la reforma de Yolanda Díaz: la contratación cae un 2,5% respecto a diciembre de 2021, se han dejado de hacer 40.955 contratos. Un 22% de los contratos realizados en mayo son de menos de 7 días. Son los contratos que más se realizan.
Prohibido subir el precio de los alquileres
El Gobierno ya ha anunciado que va a prorrogar hasta el 30 de septiembre su limitación de la subida de los precios del alquiler al 2%. Intenta con esto el Gobierno solucionar los problemas derivados de la inflación. Sin embargo, esta medida intervencionista lo que hace es contribuir a empobrecer a los propietarios de inmuebles y, fundamentalmente, desincentivando la inversión en un contexto de déficit de vivienda y escalada de precios.
Una de las consecuencias más inmediatas es la mengua de oferta de vivienda en alquiler, ya reducida de por sí, y un aumento de la litigiosidad entre propietarios e inquilinos por desavenencias sobre los costes de mantenimiento. Algunos cálculos establecen que los propietarios de viviendas en alquiler habrían perdido con esta medida más de 1.000 millones de euros. No sólo eso, sino que habrían logrado sacar del mercado un 15,5% de las viviendas en alquiler.
Intervención del precio de los carburantes
La escalada del precio de los carburantes puso en marzo de 2022 en pie de guerra a los transportistas, que veían como la inflación se comía su margen de beneficio y les obligaba a trabajar a pérdidas. Una huelga que trajo las imágenes de estanterías vacías en los supermercados y amenazó con una ruptura brutal de la cadena de suministro en distintas industrias y servicios. Los piensos para animales dejaron de llegar a las granjas y ganaderías y los productores de leche se veían obligados a tirar la producción ya que, al no tener salida, terminaba por estropearse.
El Gobierno, que no contemplaba bajo ningún concepto una medida rápida de reducción o eliminación de impuestos para aliviar el coste que soportan los transportistas y los particulares (recordemos que de cada euro gastado en gasoil o gasolina prácticamente la mitad, 50 céntimos, son impuestos), decidió aplicar una bonificación o subvenciónd e 20 céntimos sobre el precio de las gasolinas. Una ayuda que, para más inri, muchas estaciones de servicio, tuvieron que adelantar vía créditos ante la ineficiencia de la administración pública para dotar a cada proveedor de los fondos suficientes para subvencionar la gasolina.
¿EL resultado? En menos de tres meses la escalada de precios se ha comido la subvención de los 20 céntimos. Ya estamos pagando la gasolina al mismo precio que en marzo, descontando la parte subvencionada.
Intervención de los precios del gas
El último gran fracaso ha sido la llamada "excepción ibérica" que el Gobierno planteó como alternativa al fuerte incremento del precio de la luz que subía merced a la evolución de los precios del gas en los mercados mayoristas. Esa excepción que anunció en marzo para que en abril ya notáramos su efecto en la factura no ha terminado llegando hasta este mes de junio, justo en los días previos a las elecciones autonómicas en Andalucía. Pues bien, ese mecanismo, que se ha vendido como un "tope" al precio del gas, no sólo se ha revelado mentira, sino que no ha evitado que el precio de la factura de la luz siga subiendo para los clientes en la tarifa regulada.
De bajar impuestos, ni hablar
La última del Gobierno es su intención de culpar a las eléctricas de que su "excepción ibérica" no funcione y pretende subirle los impuestos todavía más a este sector. El argumento, peregrino: consideran que se aprovechan de la subida de los precios del gas y de recibir la compensación que se genera por la aplicación del mecanismo de excepción ibérica, pese a que los beneficiarios son las gasistas y no las eléctricas. Mientras, la herramienta más rápida, directa y que no intervendría en el mercado, sería tocar la parte que depende del Gobierno en la fijación de precios, los impuestos. Pero de esto, de momento, el Gobierno no quiere ni oír hablar.
Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.