El ministerio de Industria ha anunciado que creará un portal de subvenciones que servirá para centralizar más de 7.000 ayudas, apuntalando así la red de gasto clientelar que está tejiendo el gobierno de Pedro Sánchez. Pero esta colección de subsidios es solo la punta del iceberg y, si ampliamos el foco, encontramos que la cifra real podría ser hasta cincuenta veces mayor.
Así se desprende de un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El organismo multilateral con sede en París emitió el pasado invierno un estudio dedicado a analizar la lucha contra el fraude en las subvenciones públicas concedidas en España. Este trabajo agrega las ayudas, subsidios y concesiones del trienio 2018-2020 y encuentra que la cifra de adjudicaciones para dicho periodo asciende a 1.050.470, de lo que se deriva la escalofriante cifra de 350.000 ayudas por año.
De esta cifra, la metodología de evaluación de riesgos que emplea la OCDE estima que la probabilidad de fraude asciende al 4%, lo que significa que todos los años se estarían dando al menos 14.000 irregularidades que, en muchos casos, no estarían siendo detectadas ni sancionadas. Datos que, sin duda, deberían motivar un debate más amplio sobre la manera en que se gestiona el dinero público en España.
Según la OCDE, hay dos categorías que presentan un mayor riesgo de fraude: la primera incluye a los servicios sociales y la cooperación internacional para el desarrollo, mientras que la segunda gira en torno a la cultura. Aunque la agricultura es el sector que recibe más ayudas, el informe encuentra que su riesgo de fraude es más bajo.
Las advertencias de la AIREF y el IEE
Como explicó Libre Mercado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha llegado a estimar que España gasta anualmente 14.000 millones de euros en ayudas concedidas sin apenas control ni supervisión efectiva. Dicho organismo ha denunciado la falta de transparencia y la ausencia de medidas orientadas a asegurar la eficacia y la eficiencia en el gasto.
De acuerdo con la AIREF, España se estaría gastando más de 32.814 millones de euros al año en un sinfín de ayudas y subvenciones. Aunque muchas de estas ayudas han sido sometidas a un proceso de revisión de gasto (spending review), y aunque el informe resultante resulta demoledor y revela un evidente problema de rigor en la gestión del dinero público, la situación sigue siendo la que era hace algunos años, cuando se empezó a hablar de estas cuestiones.
No sorprende, pues, que España tenga hoy unas estructuras presupuestarias tan ineficientes que sus niveles de gasto público se sitúan un 14% por debajo de la media del mundo desarrollado. Según el Instituto de Estudios Económicos, sería posible ajustar el gasto hasta en 60.000 millones de euros sin que ello reduzca o empeore los servicios básicos ofrecidos a los ciudadanos.