El gasto público sigue descontrolado en España. Esta semana hemos conocido que el Gobierno ha elevado el techo de gasto planteado para el año 2023, dándose a sí mismo margen para desembolsar 198.221 millones a lo largo del próximo ejercicio. Y todo con la deuda pública en el entorno del 120% del PIB y con el déficit presupuestario más abultado de todas las grandes economías de la Eurozona.
Si buceamos en las cuentas, podemos encontrar que las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social ascenderán en 2023 a 19.888 millones de euros, lo que supone un 8% más que en 2022. De modo que el agujero de las pensiones sigue aumentando y el retorno a la autofinanciación del sistema se antoja cada vez menos factible.
No hay que olvidar que, a causa de la crisis inflacionista y de las dieciséis subidas de impuestos que ha aprobado el Ejecutivo, la recaudación tributaria se ha disparado hasta alcanzar niveles récord. En la primera mitad de 2022, el repunte de los caudales públicos ha sido cercano al 20%, poniendo de manifiesto un triste modelo económico en el que el Estado se llena los bolsillos a base de hundir a los contribuyentes.
Cierto es que el planteamiento que hace el Gobierno con su techo de gasto para 2023 podría quedar en papel mojado si el Banco Central Europeo materializa por fin la esperada y necesaria normalización de la política monetaria y eleva de forma progresiva los tipos de interés. Solo por esa vía, la Administración Sánchez se vería obligada a inyectar 7.000 millones de euros más al servicio de la deuda.
De igual modo, en la última reunión del ECOFIN se planteó la necesidad de limitar el gasto por encima del crecimiento, lo que exigiría otro ajuste de 7.500 millones. Pero, en cualquier caso, está por ver si Frankfurt y Bruselas se mantienen firmes o si, como de costumbre, acaban aceptando el despilfarro del gobierno de Pedro Sánchez.
Sea como fuere, tampoco tendría sentido afirmar que la reducción del déficit público es inviable. Si el Ejecutivo repitiese los presupuestos de 2019, el curso 2022 se cerraría con un superávit fiscal. Y todo eso teniendo en cuenta que, según los estudios disponibles, volver a gastar como en 2019 implica mantener hasta 60.000 millones de gasto ineficiente y cerca de 15.000 millones dedicados a subvenciones fraudulentas.
Si a eso le sumamos el fortísimo aumento de la recaudación, parece evidente que el único motivo por el cual seguimos teniendo un déficit presupuestario es la conducta manirrota e irresponsable de PSOE y Podemos, empeñados en retener el poder a base de endeudar hasta las cejas a las empresas y las familias españolas.