El verano no ha sido relajado para las empresas energéticas españolas. Han visto sacudido el panorama legislativo con un nuevo impuesto y no han dudado en reclamar ya la asesoría de sus departamentos jurídicos para defenderse de lo que consideran un acto confiscatorio de sus ingresos. Pero las reuniones de algunas de las grandes energéticas han dado para un análisis más profundo. Y es que consideran acabada la etapa de las inversiones en España mientras permanezca en el poder un Gobierno que ha convertido "todo en inseguridad jurídica".
El primer asalto estructural contra los ingresos de las grandes empresas se produjo en septiembre del pasado año. La reforma energética diseñada por Pedro Sánchez cargaba directamente contra los bautizados por él mismo como "beneficios caídos del cielo" de las eléctricas. Y, pese a ser consciente de que esos beneficios habían sido obtenidos en base a la legalidad, el Gobierno emprendió una cruzada para desprestigiar a las compañías y quedarse con sus beneficios.
El primer asalto fue ganado por las empresas. La amenaza de defensa jurídica y de acudir a todas las instancias necesarias por parte de las compañías disuadió al Gobierno de seguir en su empeño.
Pero la energía siguió encareciéndose, la inflación multiplicó su crecimiento, los hogares aumentaron su pérdida de poder adquisitivo, y las arcas de Hacienda siguieron engordando con la recaudación lograda gracias al incremento de la presión fiscal y los precios base de los impuestos sobre el consumo (sólo el pasado año el aumento de recaudación fiscal superó los 21.000 millones y la AEAT ha confirmado una ganancia adicional de más de 15.000 millones hasta mayo). Y eso significaba que el Gobierno necesitaba una cabeza de turco a quien culpar de la situación sin dejar de ganar recaudación fiscal con la escalada del IPC. Y quién mejor que las "insolidarias" empresas.
Llegó la reforma legal de mayo. Y con ella, un mecanismo oficial de compensación del precio de la luz y de tope del coste del gas natural empleado para generar electricidad que no ha servido para frenar, ni el precio ni la pérdida de poder adquisitivo de familias y empresas. Era lógico: la compensación la pagan los consumidores, con lo que era un tanto complicado que se aliviara el coste efectivo de la luz.
Pero, de nuevo, ante la frustración, Sánchez volvió a pensar en un castigo a las ‘malvadas’ energéticas. Y las empresas españolas se han cansado.
Dos de las grandes empresas del sector han confirmado a Libertad Digital el mantenimiento de reuniones en verano en las que no se ha hablado sólo de las cuestiones más urgentes, sino que se ha abordado un problema más serio y de fondo. "No se puede seguir apostando por un país en el que sabes que cada x tiempo recibes un ataque confiscatorio", señala un alto directivo de una de las energéticas.
"La etapa de Sánchez ha convertido todo en inseguridad jurídica", apunta otro alto directivo. Las mismas fuentes señalan que el propio sector bancario recibió un ataque similar sin saber nadie aún cuál fue el motivo: "Sabíamos que a las energéticas nos tenían en el punto de mira. Pero… ¿y a la banca? ¿Por qué? No hay explicación más allá de que la inseguridad jurídica se ha convertido en la herramienta de este Gobierno cada vez que hay un problema social", apuntan.
Y la consecuencia de ese veredicto de las cúpulas empresariales es obvia: fin de las inversiones y de la apuesta por España hasta que no pase la ola de caos e inseguridad jurídica impuesta por el Gobierno socialista comunista.