Podemos tiene claro que priorizará su interés partidista en el tramo final de legislatura. Y si con ello le genera un nuevo problema a su socio de Gobierno, pues problema para el PSOE y Pedro Sánchez. Y, en esa línea, ha decidido sumarse a una reclamación que es todo un quebradero de cabeza para el presidente: subidas salariales que compensen la inflación. Podemos apoya esa subida multimillonaria —se trata de elevar el sueldo de más de tres millones de empleados públicos— y los funcionarios ultiman ya una gran manifestación para el próximo 24 de septiembre. Presión por todo lo alto.
Podemos mantiene que "para blindar el poder adquisitivo es urgente seguir subiendo el SMI según las recomendaciones de la Comisión Técnica que ha asesorado al Ministerio de Trabajo, aumentar en un 15% el IPREM, que es el índice que marca la cuantía de muchas prestaciones sociales en España; así como actualizar las pensiones y los salarios de los empleados públicos de acuerdo a la inflación". Se trata de la premisa oficial del partido morado comunicada ya a todas sus bases.
Y eso es un enorme quebradero de cabeza para el Gobierno de Pedro Sánchez, que no sabe ya cómo pagar todos los focos de gasto que acumula, en medio de una fuerte crisis, y tras haber subido ya 42 veces los impuestos de todos los españoles. Los funcionarios llevan tiempo advirtiendo de que la inflación les golpea, de que no ven ninguna defensa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de que les han bombardeado su sistema sanitario basado en Muface y de que, ante esta política, comenzarán en breve una ola de movilizaciones y manifestaciones. Sánchez no ha escuchado y los funcionarios se han cansado. El primer toque de atención lo darán el próximo día 24 con una gran manifestación y no descartan paros contra Sánchez.
Los funcionarios no aceptan una subida salarial que les aleje del incremento de los precios y les genere una pérdida de poder adquisitivo. Y en esa reclamación se han encontrado con un partido con el que no contaban en principio: Podemos. Y no contaban con el partido morado, aunque sólo sea porque forma del Gobierno que los ha tratado de la manera descrita.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ultima los preparativos y defiende que "la protección de los derechos y condiciones laborales de los empleados públicos, la dignificación de la labor que llevan a cabo y la defensa de los servicios públicos para posibilitar una prestación de calidad a los ciudadanos con el fin de garantizar el bienestar social, siempre han sido prioritarios para el CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas". JUSAPOL, el principal sindicato de la Policía Nacional, también se ha sumado ya a estas protestas. Y, de hecho, CSIF ha abierto la manifestación a todos los ciudadanos que se sientan igual ante las actuales políticas y la crisis.
En España hay más de tres millones de empleados públicos, contando todos los niveles de Administración y distintos tipos de contratación. Pero es que, además, ese colectivo se uniría en su exigencia de subida salarial con la inflación, al de los pensionistas, con más de 9 millones de personas. Y la factura conjunta de gasto en la suma de los dos colectivos supera los 300.000 millones anuales. Traducido: actualizar sus sueldos y prestaciones globales con una inflación por encima del 10% supondría una inyección de gasto público de 30.000 millones.
Y Sánchez no sabe ya cómo pagar ese importe. Y Podemos se suma a la reclamación. Todo un nuevo boquete para Pedro Sánchez.