El debate sobre la fiscalidad se ha avivado en las últimas semanas. El gobierno de España que preside Pedro Sánchez ha anunciado que ya está preparando una nueva subida de impuestos, que se suma a los 42 aumentos de la presión tributaria aprobados desde que el líder socialista llegó a La Moncloa, a mediados de 2018. En cambio, diversos gobiernos regionales exploran el camino opuesto y anuncian una reducción de los gravámenes aplicados a los contribuyentes.
La veda la abrió Madrid, que hace meses comunicó que procedería a deflactar la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta. De esta forma, el gabinete de Isabel Díaz Ayuso se hacía eco de un viejo reclamo liberal que ahora se vuelve más urgente, a raíz de la acelerada subida de la inflación. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no tardó en reivindicar la necesidad de hacer lo propio a nivel nacional, pero Pedro Sánchez ha hecho caso omiso a sus peticiones.
Sin embargo, el debate no se apagó y, a la vuelta del verano, Andalucía recogió el testigo de Madrid, planteando una nueva rebaja de impuestos que también incluye la deflactación del IRPF. Días después llegó el anuncio de los gobiernos de Murcia o Galicia, pero también otras comunidades que no están en manos del PP. Así, en País Vasco (PNV) y Comunidad Valenciana (PSOE-Compromís) también se están poniendo puesto en marcha algunos ajustes del IRPF con los que se pretende compensar el impacto de la inflación. Próximamente podrían darse modificaciones similares en otros territorios, puesto que los presidentes de Extremadura y Cantabria han reconocido públicamente que lo están estudiando.
Sí hay problema de ingresos... pero por exceso
Ante semejante panorama, no faltan quienes afirman que la caja pública puede salir perjudicada por estas medidas. Sin embargo, los presupuestos de las comunidades autónomas se hicieron partiendo de previsiones menos pesimistas en materia de inflación y, por lo tanto, menos optimistas en clave recaudatoria. De modo que el exceso recaudatorio provocado por la subida de los precios genera recursos adicionales con los que los gobiernos pueden bajar impuestos sin deteriorar la posición presupuestaria que tenían prevista para el presente año 2022.
De hecho, aunque el gobierno de Pedro Sánchez sigue hablando de la necesidad de elevar los ingresos públicos, cada vez son más las voces que llaman la atención sobre un "pequeño" detalle que el presidente suele pasar por alto, pero que marca la diferencia en esta cuestión: a saber, que los caudales públicos ya se han disparado desde que el Ejecutivo volvió a estar en manos de la izquierda.
Así, cuando tomamos los datos de recaudación del primer semestre del año y los analizamos en términos de caja, podemos ver que el periodo comprendido entre enero y junio dejó ingresos por valor de 86.768 millones de euros en 2018. Tras la salida del poder de Mariano Rajoy y cuatro años de presidencia de Pedro Sánchez, esta cifra se ha disparado hasta los 107.009 millones de euros.
En términos porcentuales, el aumento de los recursos al alcance del gobierno ha sido del 23,3%. El diferencial, de 20.241 millones de euros, equivale a recaudar 5.350 euros más por trabajador, 2.300 euros por ciudadano o 6.900 euros más por familia. Eso sí: no podemos olvidar que hablamos solamente del primer semestre.
¿A cuánto ascenderá el golpe al final del año? En 2018, el periodo enero-junio se saldó con una recaudación acumulada equivalente al 45% de los ingresos totales de todo el ejercicio. Para 2021, el dato fue similar, puesto que el primer semestre dejó en la caja pública el 40% de todos los recursos obtenidos por las Administraciones. Por tanto, si se mantienen estos porcentajes, cabe esperar que el año 2022 concluya con una recaudación tributaria total cercana a los 250.000 millones de euros. Esto significa 12.500 euros más por trabajador, 5.400 euros más por ciudadano o 16.100 euros más por familia.