El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sumando cotas de poder. Dese aquel ya célebre "¿quién controla la Fiscalía?", que denotaba una vocación de control total sobre todos los poderes del sistema en España, Sánchez no ha dejado de sumar control, también sobre el espectro financiero y mediático.
Una de las operaciones más escandalosas en este sentido es la triangulación que une a Moncloa, el Grupo Prisa y la joya de defensa e ingeniería española Indra. Sánchez y su cooperador necesario, el empresario Joseph Oughourlian, presidente del fondo británico Amber Capital, ha sido la pieza clave para un doble objetivo: mantener con vida al moribundo Grupo Prisa, y colmar su afán de control financiero sobre uno de los campeones nacionales, Indra, que ya controlaba a través de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI).
El asalto a Indra
Joseph Oughourlian y Pedro Sánchez hicieron efectivo el asalto a Indra este verano, en la junta del día 23 de junio, cuando el portavoz de Amber, de manera sorpresiva y tras acordarlo con SEPI y SAPA, precipitó la salida de los consejeros independientes que llevaban oponiéndose tiempo a los planes de Moncloa en Indra.
Tan evidente fue dicho acuerdo que el propio portavoz de Amber Capital reconoció en aquella junta que se había puesto de acuerdo con SEPI y SAPA, lo que, según recoge la Ley de OPAS, tendría que haber obligado a la SEPI a lanzar una OPA para la toma de control total de la compañía. Pero de este modo, sumaron los pesos accionariales necesarios para expulsar a los independientes, sin necesidad de tener que lanzar una oferta por el 100% de la compañía.
Bacigalupo, el hombre del Gobierno en la CNMV
Pero el nivel de escándalo no termina aquí. La CNMV, que se llevó las manos a la cabeza tras conocer lo sucedido, se ha tomado tiempo en investigar: nada más y nada menos que 6 meses, durante los cuales, la composición del consejo de la CNMV también ha cambiado, con la incorporación de un consejero y miembro del Comité Ejecutivo no menor: Mariano Bacigalupo, para más señas, marido de la ministra para la transición ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno Teresa Ribera.
Dicho esto, quizá extrañe algo menos que la CNMV haya cerrado la investigación con la alucinante conclusión de que existió cooperación entre las tres compañías para el asalto a Indra, pero no "concertación".
El asalto de Sánchez a las instituciones
La actualidad política, mediática y empresarial nos están ofreciendo realidades que, hace sólo unos años, serían prácticamente imposibles de concebir.
Resulta que el hecho de que el Tribunal Constitucional vele por la constitucionalidad de la acción legislativa es golpismo. Sucede que pagamos con nuestros impuestos un instrumento de propaganda del Gobierno como es el CIS, cuyas presuntas encuestas (como describe Carmelo Jordá en uno de sus recientes análisis), escapan al más mínimo rigor, siquiera para ocultar su descarada intención de favorecer al hombre que lo controla todo, Pedro Sánchez. Por no recordar que vemos absolutamente normal que el Gobierno mueva tantas fichas como considere oportuno para mantener a flote al grupo Prisa, o que mantenga constantes ayudas públicas a grupos de comunicación como Atresmedia o Mediaset.
La investigación de la CNMV
Así, este viernes, vísperas de Nochebuena, la CNMV ha evacuado el resultado de su investigación sobre el asalto a Indra que tuvo lugar en verano (sí, el 23 de junio) cuando, por sorpresa, el accionista Amber Capital, anunció los acuerdos alcanzados con SEPI y SAPA para hacer valer la mayoría aglutinada entre los tres para instar a cambios importantes en la composición del consejo de administración y sacar del mismo a los consejeros independientes. Todo, sin presentar la preceptiva OPA, necesaria en este tipo de operaciones.
Pese a todo, y pese a haber mantenido el expediente bajo análisis e investigación durante nada menos que 6 meses, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado este viernes por unanimidad el cierre de las actuaciones iniciadas sobre la junta de Indra celebrada el pasado mes de junio tras apreciar que no existen "suficientes indicios" de una acción concertada para la toma de control de la sociedad.
Podríamos pensar, al leer esto, que la CNMV directamente ha estado ciega o no ha querido investigar, siquiera las declaraciones que se vertieron durante aquella junta, en la que el propio portavoz de Amber reconoció que había conversaciones previas con Sepi y SAPA para la toma de control del consejo. Pero la realidad es todavía más alucinante: la CNMV reconoce que en la investigación queda acreditado que "los accionistas SEPI, SAPA y Amber cooperaron para llevar a cabo los ceses" en Indra, "con una participación activa del presidente de Indra", con quien varios de los consejeros cesados mantenían desde su nombramiento discrepancias persistentes en materia de gobernanza. No obstante, el organismo precisa que, aun existiendo dicha cooperación, "en este momento no existen suficientes indicios que permitan considerar dicho acuerdo como una acción concertada para el control de la gestión de Indra".
"No hay evidencias" del asalto
¿Y en qué se ampara la CNMV? Simplemente en que "no hay evidencias" de que se haya producido un vuelco en las mayorías del Consejo de Indra, con independencia de la designación de consejeros dominicales derivada de las adquisiciones posteriores de dos de los tres accionistas.
El análisis realizado, subraya, tampoco permite concluir que ninguno de los tres accionistas haya alcanzado una participación de control a través de la designación de consejeros en Indra.
Por lo que se refiere a la posible vulneración de las normas de gobierno corporativo contenidas en la Ley de sociedades de capital (LSC) o la inobservancia de las recomendaciones del CBG, la CNMV "no identifica preceptos concretos que se hayan contravenido".
El resultado de la investigación aleja la sombra de que el supervisor forzara a las compañías a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la totalidad del capital de la tecnológica.
En este sentido, la CNMV propondrá medidas legislativas y abordará modificaciones en las recomendaciones de gobierno corporativo para evitar que "la repetición de episodios similares pueda socavar la solidez del gobierno corporativo de las cotizadas españolas". Y si no son constitutivas de reproche, ¿por qué quiere la CNMV evitar episodios similares? Alucinante.