El pasado mes de octubre, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) admitió una reclamación interpuesta por UGT denunciando el sistema español de despido. Y es que, la justicia europea ya estableció que la normativa francesa de indemnizaciones por despido de 33 días – las mismas que se dan en España – no era lo suficientemente reparadoras con el daño generado al trabajador, sobre todo, para aquellos que menos tiempo llevaban trabajando en la compañía.
Ahora, aunque todavía faltarán meses para saber qué pasará con el caso de nuestro país, podría abrirse en España un gran problema en el que el Gobierno podría sacar ventaja para crear un nuevo sistema de indemnización por despido, tal y como quiso hacer Yolanda Díaz anteriormente.
"Si se estima, como en este caso, la legislación y la jurisprudencia social españolas se verían obligadas a realizar cambios profundos en el estado actual", comentan los expertos del CEF.
Si finalmente la Justicia europea estima, como en el caso francés, que el sistema español no es lo "suficientemente reparador" con el trabajador despedido, entonces el Gobierno aprovecharía para instaurar un nuevo sistema que puede causar un aluvión de demandas entre empresas y trabajadores, tal y como ha informado El Economista.
Eso sí, parece que la vuelta a los 45 días de despido por año trabajado, como estaba estipulado antes de la Reforma Laboral del 2012, no es posible en ninguno de los casos. Al parecer, y tal y como ya ha dejado caer la ministra de Trabajo, se podría ir a una fórmula tasada, para beneficiar a los más perjudicados en caso de ser despedidos. Así las cosas, se avanzaría hacia un despido "restaurativo y disuasorio" (o a la carta), como propuso Díaz el pasado verano.
Ahora, queda por ver qué es lo que determina el CEDS, como lo encaja el Ejecutivo y qué propone la Patronal para proteger a las compañías en caso de que haya que reformular el sistema de despidos que actualmente rige en el mercado español.