La recesión económica global de 2008 fue muy dura ya que el estallido de la burbuja inmobiliaria provocó una crisis financiera de tal calibre que se llegó a temer que fuera sistémica. La situación fue tan mala entre otras cosas porque los niveles de endeudamiento privado, tanto de empresas como de hogares, eran elevadísimos, y los problemas de liquidez ante el parón de la economía llevaron a quiebras y dispararon el desempleo.
Entonces se activó el círculo vicioso: al perder empleo, la gente retrasó el pago de sus deudas y redujo su consumo, lo que implicó más problemas para las entidades financieras y para las empresas que respondieron, las primeras cortando el grifo del crédito y las segundas despidiendo más trabajadores. Esto es sabido porque ya había pasado en otras crisis, y la forma de salir de ellas siempre había sido la misma: bajar los tipos de interés para que el ahorro se convirtiera en consumo y fuera más fácil renegociar las deudas.
Para que no se parara el grifo del crédito se ayudó, en todo el mundo, a la banca a salir del bache, en ocasiones entrando el propio estado como accionista en entidades privadas y en otras nacionalizando, como pasó en España con las cajas de ahorros (que ya de por sí eran de responsabilidad pública). Pero el tamaño de la crisis era tan grande y el miedo a un parón económico global tan presente, especialmente tras la quiebra de Lehman Brothers, que la Fed fue aún más agresiva e introdujo de forma masiva las compras de activos para inyectar liquidez al sistema. De este modo la Reserva Federal favoreció que el endeudamiento privado pasara a ser público, proceso al que se sumaron todos los bancos centrales y que se tradujo en que, en unos pocos años, los volúmenes de deuda pública se dispararan a la par que los de deuda privada descendían.
La gran mentira que hemos vivido desde entonces es que el crecimiento, y la mejora (o el mantenimiento) de los servicios públicos (lo que en Europa llamamos estado del bienestar) se ha debido a que los bancos centrales, con sus radicales bajadas de tipos de interés (que incluso llevaron a que se pudiera emitir deuda en negativo, cobrando intereses a los que la compraban) y el creciente volumen de su balance, permitían a los gobiernos endeudarse más y más de una forma muy cómoda.
En Europa, la UE se blindó contra esto, en sus inicios, prohibiendo que el BCE financiara a los estados pero lo cierto es que los políticos, tanto los que mandan en el banco central como en los diferentes gobiernos, ignoraron esto, y tras la crisis griega, los rescates de Irlanda y Portugal, el corralito chipriota… decidieron que bastaba con que BCE no comprara la deuda en las subastas para esquivar dicha prohibición; es decir, teóricamente sólo financian a los bancos que les venden la deuda que ellos compran en las subastas de los estados cuando en realidad, la compraban porque podían vendérsela después. La situación se volvió tan surrealista que BCE hasta compraba deuda de empresas (peor es el caso japonés, cuyo banco central hasta intervino en el mercado bursátil).
Y llegó la pandemia, y como la situación era tan objetivamente grave, se aprobaron aún más medidas de estímulo que seguían el mismo principio: sostener la actividad económica y el estado del bienestar tirando de deuda pública, gracias a la complicidad de los bancos centrales. Y como se salió con fuerza en 2021 del decrecimiento de 2020, empezó a aumentar la inflación: se sumaba el entumecimiento de las cadenas de distribución globales al mayor gasto asociado tanto con el fin de los confinamientos como con el aumento del ahorro detectado el año anterior, debido a los confinamientos.
Además, gracias a que la recesión de 2020, a pesar de provocar -por ejemplo, en España- caídas del PIB no vistas en tiempo de paz en décadas, no disparó la tasa de paro (en Estados Unidos sí, pero la flexibilidad de su mercado laboral llevó a que bajara también muy rápido), no se disparó la desconfianza hacia el futuro, y no frenó el consumo, lo que también presionaba los precios. Por eso en diciembre de 2021 la Fed anunció que empezaría a subir los tipos de interés en 2022 y a reducir su balance. Por entonces Lagarde afirmó que BCE no haría lo mismo pero, y aunque se resistió, tras la invasión rusa de Ucrania, desde el verano de 2022 hasta ahora no ha dejado de elevar los tipos de interés, en un intento desesperado por frenar la inflación y que incide en un menor crecimiento económico.
Una enorme deuda pública explica los últimos años de crecimiento y de aumento del gasto público en todo el mundo, y especialmente en España, donde ni los récords de recaudación fiscal cambian eso. El problema es que esto no parece sostenible, es como si una familia vive bien gracias a que cada vez pide más dinero prestado y pretende que eso no tenga consecuencias. Hay quien cree que el que los estados se endeuden no es problemático ya que no necesitan devolver lo que toman prestado, les basta con emitir nueva deuda una y otra vez. Así deben pensar los gobiernos, que prefieren enfrentarse a los compromisos electorales presumiendo de ayudas y prometiendo más gasto que intentando ajustar las cuentas públicas para que al menos deje de aumentar el volumen de deudas. Por supuesto se equivocan, es insostenible seguir emitiendo más y más deuda para mantener la ficción de una economía que sin ella no podría sostenerse, más sabiendo que cada pocos años habrá una nueva recesión que disparará la ratio deuda/PIB. Las decisiones impopulares llegarán, la única duda es cuándo.