El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha lanzado una serie de advertencias al gobierno de Pedro Sánchez. En declaraciones al diario Cinco Días, el responsable del organismo regulador ha señalado que el Ejecutivo no puede seguir postergando el ajuste del déficit presupuestario y debe empezar a tomar medidas correctivas este mismo curso 2023.
"En el caso de España partimos de niveles de deuda y déficit público estructural elevados. Esa situación justifica que España inicie un proceso de consolidación fiscal este mismo año. Es muy importante que ya en 2023 disminuya el déficit público estructural", subraya Hernández De Cos.
Sobre el papel, los datos le dan la razón al gobernador. Así, aunque las reglas de la Eurozona fijan el objetivo marco de endeudamiento público en el 60% del PIB, nuestras Administraciones han acumulado pasivos por un monto cercano al 115% del PIB; de igual manera, aunque las reglas de la moneda única piden moderar el déficit al 3% del PIB, lo cierto es que la última estimación de la AIREF eleva el descuadre fiscal del curso 2022 al 4,5% del PIB.
Para Hernández de Cos, "esta vulnerabilidad financiera debe empezar a reducirse gradualmente, para generar margen o espacio de reacción ante futuras perturbaciones". Estas declaraciones del gobernador deben interpretarse en un contexto más general de replanteamiento de la política monetaria. No en vano, el coste de financiar la deuda ya ha aumentado en 7.000 millones y seguirá encareciéndose conforme el Banco Central Europeo prosiga su senda de aumento de los tipos de interés.
La advertencia del sucesor de Luis María Linde va más allá y conecta la necesidad de reducir el déficit y la deuda con el fortísimo aumento de la recaudación propiciado por la inflación y las subidas de impuestos. Así, Hernández de Cos apunta que, a la hora de hablar de estas cuestiones, "hay que tener en cuenta, además, que la recaudación tributaria ha aumentado de manera muy significativa en los últimos años". A este respecto, añade que "existen dudas de si parte de este incremento de la recaudación tiene solo un carácter transitorio, por lo que ese repunte de los caudales públicos no debería destinarse a financiar un aumento del gasto estructural".
Para el gobernador del Banco de España, "en esta ocasión, el impacto negativo del proceso de consolidación fiscal podría minimizarse en el corto plazo, dado que disponemos de fondos europeos, que, con una adecuada selección de proyectos y un acompañamiento a través de reformas estructurales, puede generar un impacto positivo apreciable sobre la actividad, compensando parcial o incluso completamente el efecto negativo del ajuste". Hernández de Cos añade que "no debemos desaprovechar esta ocasión", aunque los datos ya dan razones para el pesimismo y muestran que España está destinando el grueso de los fondos europeos a financiar gasto corriente. En cambio, solo una minúscula fracción de estos dineros está terminando en el sector privado.
La Comisión Europea también pide ajustes
El discurso de Hernández de Cos coincide con el aviso enviado esta misma semana por la Comisión Europea en relación al cumplimiento de las reglas fiscales. Según el Ejecutivo comunitario, las cuentas públicas deberán volver a cumplir los criterios de Maastricht a partir de 2024.
"La incertidumbre todavía es muy alta", señaló a este respecto el comisario de Economía y Finanzas, Paolo Gentiloni, quien compareció ante los medios para advertir del retorno a las reglas de estabilidad presupuestaria. En el documento presentado por la Comisión "se invita a los Estados miembros con deuda sustancial o moderada a establecer objetivos fiscales que garanticen una reducción de deuda plausible y continua o que la mantengan en niveles prudentes a medio plazo".
Bruselas advierte de que "los Estados miembros deben tener en cuenta el regreso a la aplicación de las reglas de estabilidad en la ejecución de sus presupuestos de 2023 y, sobre todo, en sus proyectos de planes presupuestarios para 2024, que se deberán presentar el próximo otoño".