Lluvia de informes y de análisis sobre la reforma de las pensiones que José Luis Escrivá presentó la semana pasada. El ministro de Seguridad Social ha elaborado un plan para intentar cuadrar las cuentas del sistema público en el que no contempla ni una sola reducción del gasto y sólo opta por subir los impuestos, lo que seguirá contribuyendo a su insostenibilidad.
A través de varios golpes fiscales, la reforma del ministro socialista se va ensañar con los trabajadores que más ganan, pero también va a elevar la fiscalidad del 100% de los empleados y autónomos. Estamos hablando de más de 20 millones de trabajadores afectados más sus respectivas empresas, que también tendrán que pagar más cotizaciones.
Mientras tanto, el Gobierno no sólo va a dejar sin tocar las pensiones de un colectivo que aglutina nada menos que a 9 millones de votantes, como son los jubilados actuales, sino que con la indexación de las mismas al IPC, todavía hace más grande el agujero del sistema
Además, como ha avisado Domingo Soriano en Libre Mercado, la idea de Escrivá es que cada tres años se revisen las cuentas, por lo que no se descartan más impuestos o que aquí sí lleguen los recortes.
Organismos como Fedea, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria o Faes no han tardado en anticipar las consecuencias de una reforma que Escrivá pretende aprobar en los próximos días en Consejo de Ministros.
Fedea vaticina un "fuerte incremento del déficit"
Desde Fedea consideran que el efecto neto de la reforma de Escrivá se saldará con un "fuerte incremento del déficit del sistema público de pensiones en los próximos años que tenderá a absorber el grueso del margen fiscal disponible".
Antes de la presentación del texto definitivo, Escrivá estaba urdiendo recortes por la puerta de atrás para los futuros jubilados como aumentar de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, lo que supondría una merma en la pensión para la mayoría de los que entraran en el sistema. Sin embargo, finalmente, el acuerdo incluye un cambio en el que no habrá ahorro para el sistema, ya que el trabajador podrá elegir antes de jubilarse entre los 25 años actuales y un cálculo alternativo en el que el período de cómputo se amplía hasta los 29 años, pero descartando los 24 meses con menor base de cotización actualizada. "Claramente, la medida sólo puede incrementar el gasto en relación con el modelo actual, pues sólo optarán por el período ampliado de cómputo aquellos que obtengan una mayor pensión con esta opción" señala Fedea. "Desaparece, por tanto, una de las posibles fuentes de ahorro con las que se esperaba controlar en alguna medida el crecimiento del gasto" añaden.
Otra de las futuras medidas consiste en una subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2024 y 2050 acompañada de la cuasi-congelación de las pensiones máximas a precios constantes. A esto hay que añadirle la introducción de una nueva cuota de solidaridad que gravará la parte de los salarios que exceda la base máxima de cotización a un tipo que irá subiendo gradualmente hasta alcanzar el 6% y una subida escalonada del MEI hasta 1,2 puntos porcentuales. La subida del MEI afectará al 100% de trabajadores, empresas y autónomos.
También, se contempla una subida de las pensiones mínimas contributivas y asistenciales, que pasarán a estar ligadas a la renta mediana y al umbral de pobreza, respectivamente, y ciertas mejoras en la cobertura de lagunas y el complemento por la brecha de género.
En Fedea avisan de que, a pesar del mazado a trabajadores y empresas, el plan de Escrivá no será suficiente "para garantizar el equilibrio financiero del sistema público de pensiones contributivas" porque aumenta el gasto. Por ejemplo, "en 2019, el último ejercicio antes del inicio del trasvase de su déficit al Estado mediante crecientes transferencias para financiar gastos supuestamente impropios, la Seguridad Social presentaba un déficit de unos 16.600 millones de euros o un 1,3% del PIB que tenderá a aumentar con el tiempo como resultado del rápido proceso de envejecimiento que estamos experimentando incluso sin cambios de política".
A una situación inicial "ya de por sí apurada y con perspectivas de empeorar en un escenario sin cambios de política, hay que añadirle el fuerte incremento del gasto en pensiones que resultará de la derogación de la reforma del 2013". De acuerdo con las previsiones de Fedea, la supresión del factor de sostenibilidad del anterior Gobierno del PP y la vuelta a la indexación al IPC incrementarán el gasto en pensiones entre 3,8 y 4,7 puntos. De aquí habría que restar los incrementos de ingresos ligados al MEI, al destope de las cotizaciones y a la nueva cuota de solidaridad y habría que sumar el incremento del gasto.
En definitiva, en torno a 2050 tendremos que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos de PIB, lo que viene a ser una necesidad de más de 50.000 millones de euros al año. Tal presión dejará "poco margen para financiar un mayor gasto en casi cualquier otra cosa, incluyendo sanidad y dependencia, con necesidades rápidamente crecientes debido al rápido envejecimiento de la población" alerta Fedea.
Barrera al empleo y fuga de profesionales
El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria también ha analizado la propuesta del Gobierno y concluye que la subida de la cotización adicional iniciada este año, pasando de un 0,6% adicional (0,5 a cargo de la empresa y 0,1 a cargo del trabajador) hasta el 1,2% en 2029 (1% el empresario y 0,2% el trabajador) supondrá "una barrera al empleo, pues encarece la contratación de los trabajadores, por un lado, y merma la renta disponible de los mismos, que puede desembocar en una caída de contrataciones y, por tanto, de recaudación, perjudicando a la sostenibilidad del sistema".
Del mismo modo, la imposición de una cuota adicional a los trabajadores con base máxima sin subir las pensiones máximas, constituye "un paso hacia la transformación del sistema en asistencial en lugar de contributivo, socavando la confianza en el mismo". Además, "puede suponer una fuga de los mayores talentos profesionales hacia otros países, con lo que se perderá valor añadido y también recaudación" añade el organismo que dirige José María Rotellar.
Sobre el aumento de las pensiones no contributivas hasta llegar al 75% de la renta mediana de los hogares monoparentales y de las pensiones mínimas contributivas hasta el 60% de la renta mediana de los hogares, "no sólo supone un gasto inasumible, sino que constituye un desincentivo al trabajo y a la cotización de las personas, incentivando algo tan negativo para la economía como es la economía sumergida, de forma que pueden disminuir con ello los cotizantes y la recaudación, además de que da un paso más en transformar una economía productiva en una economía subsidiada, que es negativo para la economía" señalan.
El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria considera que "la previsión del Gobierno de recaudar 15.000 millones de euros anuales, aunque se cumpliesen, no serían suficientes para compensar el incremento de pensionistas, de cuantía de las pensiones, de indexación con la inflación y de alguna medida adicional que contiene esa reforma. Todavía se resiente más la sostenibilidad del sistema si dicha recaudación merma por caída de la actividad económica derivada de estas propuestas".
"Es un despropósito"
"La reforma presentada es sencillamente un despropósito, que finge solucionar el problema a treinta años vista cimentado sobre las urgencias de un Gobierno con innumerables hipotecas internas y externas" señalan en Faes, que tampoco cree que lo planteado por Escrivá sirva para equilibrar el sistema.
En Faes consideran que "en nuestro país hemos optado por un sistema garantista al que prácticamente le exigimos que nos garantice la felicidad sin reparar en los costes implícitos". Lo "verdaderamente preocupante es el impacto de la reforma en el funcionamiento general de la economía y, por ende, en las posibilidades reales de alcanzar ese voluntarista incremento de los ingresos del sistema. La reforma se concentra, una vez más, en un aumento de ingresos sin una sola mención al control del gasto que, más al contrario, incluso se incrementa notablemente. Una vez más, los nuevos ingresos recaen sobre las empresas y los autónomos, es decir, sobre las fuentes de creación de riqueza y empleo además del impacto sobre el conjunto de los asalariados" señalan en la fundación que dirige José María Aznar.
"Revestida de grandes palabras como cuota de solidaridad o mecanismos de equidad intergeneracional, la reforma impone nuevos impuestos al empleo en forma de subida de las cotizaciones sociales, que ya son las más altas de la OCDE, lo que supone un desincentivo a la contratación y, por ende, añade muchas dudas sobre la capacidad que generan esos nuevos ingresos que, según el Gobierno, equilibrarán el sistema" denuncian en Faes.
"No existe ni una sola mención a la responsabilidad individual, nada que sugiera que todos, en buena parte, deberíamos ser como poco corresponsables de nuestro futuro lo que debería generar esquemas de incentivos para el ahorro a largo plazo o el desarrollo de planes de pensiones privados. Más bien al contrario, se vuelve a penalizar a los salarios más altos –siendo el Gobierno el que define quienes son "los ricos"– como si esos salarios incorporaran un componente de injusticia social, como si detrás de esos salarios no existiera el esfuerzo de muchos años y un mayor valor añadido que los justifique. Una reforma simplista que podría haber sido diseñada por un estudiante de bachiller" concluyen.