Navantia, la empresa pública española dedicada a la construcción naval civil y militar, cuenta con una serie de filiales internacionales que extienden su actividad más allá de las fronteras españolas. Esta apuesta por la internacionalización llevó a la compañía a suelo australiano en 2007, cuando las autoridades del país oceánico confiaron al astillero la construcción de cinco buques.
Desde entonces, la presencia de Navantia en suelo australiano no ha parado de fortalecerse. Primero llegó el encargo de catorce buques más, después un contrato para el mantenimiento de cientos de embarcaciones civiles y militares y, desde 2012 en adelante, la empresa ha oficializado su operativa en el mercado australiano, con la apertura de una oficina general en Canberra, un centro de diseño e ingeniería en Melbourne y dos instalaciones de mantenimiento y construcción en Sídney y Perth.
Sin embargo, la operativa de Navantia en Australia puede verse afectada de forma drástica - y todo por un asunto que no tiene nada que ver con la filial. Así, esta semana hemos conocido que la justicia australiana reconoce las deudas de España con los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a las energías renovables.
Dado que tales obligaciones no están siendo resarcidas por parte del gobierno de Pedro Sánchez, la Corte Suprema del país oceánico ha abierto la veda para que se embarguen bienes del Reino de España como medida compensatoria. Es aquí donde entra en juego la posibilidad de que la filial australiana de Navantia acabe intervenida por las autoridades australianas y vea cómo sus bienes y activos se entregan a los inversores afectados.
La compañía que protagoniza este proceso es el fondo Antin, especializado en inversiones en el ámbito de las infraestructuras y la energía. De momento, ya ha logrado que los tribunales reconozcan y legitimen su derecho a protegerse ante el impago por parte del gobierno español de un laudo valorado en 101 millones de euros. Por lo tanto, en la medida en que Sánchez insiste en no cumplir con estas obligaciones, la incautación de bienes de Navantia podrá desarrollarse hasta que los activos confiscados alcancen dicho umbral de valoración.
Aunque el gobierno ha litigado hasta el final, la decisión de la Corte Suprema es definitiva abre la veda a la incautación de todo tipo de bienes vinculados a la filial australiana de Navantia. En este sentido, portales especializados en el ámbito de la Defensa se han hecho eco de varios contratos valorados en 7.000 millones de euros que estarían cerca de ser adjudicados al astillero, pero que pueden quedar parcialmente intervenidos por los fondos afectados por el impago de las renovables.
Además, en la medida en que la decisión de la Corte Suprema sienta un precedente en términos de jurisprudencia, las demás empresas afectadas pueden seguir los pasos de Antin y pedir que se reconozcan las deudas del Reino de España en suelo australiano. En este sentido, cabe recordar que las obligaciones pendientes de pago ascienden a 1.200 millones de euros.
De momento, en Reino Unido ya se han activado distintas medidas orientadas a resarcir a las víctimas de los impagos, entre ellas el embargo de la indemnización por el hundimiento del barco Prestige y la confiscación de una cuenta de banco, una oficina de promoción económica de Cataluña y la sede del Instituto Cervantes en Londres. Estos procesos permiten anticipar por dónde pueden ir los tiros en Australia, más allá de lo que suceda con Navantia.