Tras la gestión sanitaria de la covid-19, en esta legislatura no había cuestión más importante que ejecutar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de manera transparente, eficaz y eficiente. Sin embargo, ninguna de estas premisas se ha cumplido.
Los recursos extraordinarios que la Unión Europea ha puesto a disposición de los estados miembro través del Next Generation EU suponen una gran oportunidad, pero sobre todo una enorme responsabilidad.
Los gestores públicos tienen la obligación de administrar estos fondos bajo los principios del buen gobierno, que no dejan de ser una obligación ética y moral que guíe la gestión hacia los objetivos para los que se diseñó esta respuesta extraordinaria de la Unión Europea: transformar nuestro tejido empresarial, especialmente el industrial y hacer de nuestras economías más resilientes, productivas y competitivas, en lugar de utilizarse para satisfacer las ambiciones de un gobierno o de su presidente.
El pasado 4 de abril, gracias a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), conocimos el detalle de la ejecución presupuestaria de 2022. Una ejecución que, lejos de mejorar los datos de 2021, los empeora en cada una de las fases contables que tomemos como referencia.
Frente a las argumentaciones que aseveran que los fondos europeos han alcanzado "velocidad de crucero" o que "se ha logrado el máximo despliegue del plan", están los datos que demuestran que el porcentaje de ejecución de los fondos de recuperación ha sido un 17% inferior a 2021, a pesar de contar con un año de experiencia en el desarrollo del plan.
Los pagos realizados, que en 2021 alcanzaron el 45% del total de fondos europeos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, en 2022 se quedaron en un irrisorio 39,58%, cuando, además, en su mayor parte representan transferencias a otros organismos públicos o Comunidades Autónomas, no ejecución real.
Con este gobierno no caben los actos de fe. La propaganda y la ausencia de rigor de su área económica se desmonta con la objetividad de los datos y la frialdad de su análisis.
Si los grandes ministerios con capacidad inversora como Transportes, Industria, Transición Ecológica y Asuntos Económicos, movilizan una cantidad mínima de los 19.000 millones de euros de fondos europeos con los que contaban en 2022, es imposible que alcanzar el impacto previsto por el gobierno de 1,9 puntos del PIB para el ejercicio pasado.
La tramitación como Proyecto de Ley del RDL 36/2020 tenía por objetivo mejorar los mecanismos de la Administración para gestionar los fondos europeos, sin embargo, a fecha de hoy acumula 88 prórrogas de su plazo de enmiendas en una situación parlamentaria insólita.
La ministra de Hacienda oculta su incapacidad para controlar los fondos y rendir de cuentas mediante la falta de transparencia a la que lamentablemente nos hemos acostumbrado. Su última ocurrencia ha sido manifestar que el gobierno no va a divulgar datos sobre los fondos que han llegado a la economía real porque "no son un buen indicador" y "pueden dar una señal errónea".
Lo que el gobierno no explica es que la aplicación CoFFEE todavía está en una fase muy inicial y presentando problemas, donde la introducción de datos sobre los fondos concedidos por los ministerios recae incomprensiblemente en las CCAA, a pesar de que son los propios ministerios los que tienen que validar la información y, en caso de detectar un error, provoca que haya que iniciar de nuevo el proceso.
¿Pueden asegurar los ministerios que no se están saltando los protocolos de validación del CoFFEE para intentar acelerar la introducción de datos o que no se estén dando como validados subproyectos con errores? ¿Está bloqueando la aplicación MINERVA, de prevención de conflictos de interés, la ejecución de contratos o la concesión de subvenciones? ¿Está proporcionando el gobierno la asistencia técnica suficiente a las CCAA?
Éstas y no otras, son las preguntas que debería estar respondiendo una ministra de Hacienda que ha tenido que encomendar a Tragsatec que proporcione soporte a CCAA y Ayuntamientos para agilizar la gestión y controlar la ejecución de los fondos europeos con el apoyo de 300 trabajadores.
Los fondos del Mecanismo de Recuperación son determinantes para el desarrollo económico y el futuro de nuestro país, para impulsar la actividad del sector industrial, el crecimiento y crear empleo estable y de calidad. A la falta de agilidad en la gestión de las ayudas y subvenciones se une un diseño de las inversiones que prima lo público sobre lo privado, donde un 54% de los fondos que se resuelven se quedan en manos de las Administraciones Públicas para financiar actuaciones que en muchas ocasiones se parecen más a un plan E que a inversiones capaces de incrementar nuestro potencial de crecimiento.
No será posible mirar con indulgencia la gestión que este gobierno está realizando de los fondos europeos cuando su legado estará determinado por una reforma del mercado de trabajo que ha introducido mayores costes, rigideces y que tan sólo ha servido para maquillar las estadísticas laborales, pero no para acabar con la precariedad laboral; una reforma del sistema de pensiones que no garantiza su sostenibilidad y que penaliza el empleo, la productividad y que será una herencia envenenada para el siguiente gobierno y la más reciente, una Ley de Vivienda intervencionista que se ha demostrado fatal allí donde se ha implantado y que introduce una inseguridad jurídica que reducirá drásticamente la oferta e incrementará los precios.
Son reformas contraproducentes que, a pesar de estar enmarcadas en los hitos y objetivos del Plan de recuperación español, están trufadas del peor populismo, absolutamente incompatibles con la mejora de la competitividad de nuestra economía e ineficaces para reforzar la resiliencia de nuestro país ante posibles crisis futuras.
La agenda al Plan de Recuperación se ha publicitado varias veces, pero ni se envió en enero, ni en febrero, ni en marzo y se incumple, una vez más, la cogobernanza con unas CCAA que siguen sin saber cuáles, entre todas sus aportaciones, han sido recogidas definitivamente en la Adenda. En nada, habremos salido de unas elecciones autonómicas y habrá transcurrido la mitad de 2023 sin que se haya logrado revertir la desalentadora sensación de decepción y de oportunidad perdida para España.