Puede que la defensa más sorprendente de la nueva Ley de Vivienda fuera la que hace unos días planteaba Patxi López en una entrevista radiofónica en Onda Cero. Decía el portavoz del PSOE en el Congreso que "sólo el 0,85% de las okupaciones" se hacen sobre viviendas "que son usadas por el propietario: eso es allanamiento de morada y ya hay mecanismos suficientes como para que los jueces decreten el desalojo de la vivienda. El 99,15% se hacen en viviendas abandonadas de fondos buitre o de grandes tenedores. Y no digo yo que no haya que acometer respuestas a esa cuestión. Pero aquí lo que hace la Ley de Vivienda es que el juez puede pedir un informe a la comunidad para determinar si esa familia que ocupa una vivienda está en situación de vulnerabilidad".
Digo que es la más relevante porque es también la más clara. Bueno, hay tuits de Podemos todavía más explícitos, que se sitúan a unos centímetros de la expropiación directa. Pero lo de López es significativo porque se supone que llega de la parte moderada del Gobierno, porque en realidad es la expresión perfecta del espíritu de esa Ley y porque ni estas declaraciones ni ese espíritu han sido cuestionados por ningún partido de la oposición.
En el debate político sobre la nueva norma, los puntos en disputa han sido:
- Las miles de viviendas que el Gobierno promete que construirá, venderá, sacará al mercado, obligará a alquilar a la Sareb... ¿Existen? ¿Son reales o fruto de una cuenta imaginaria?
- La acusación de la oposición de que ésta es una ley pro-okupas y la defensa del Gobierno de que en realidad no afectará a los pequeños propietarios y de que sólo busca proteger a los más vulnerables
Todos buscan el voto. Unos avisando a ese españolito medio que tiene un par de pisos en propiedad de lo mal que le irá con este Gobierno social-comunista; y el otro tratando de ganarse el apoyo de jóvenes o inquilinos pero sin enajenarse a esa enorme cantidad de caseros que también votan (decía el otro día, en estas mismas páginas, José García Domínguez, que son el 15% del censo electoral).
Sobrevolando el guirigay político, se queda colgado el que paga, pero calla. El olvidado, que en realidad es el que tiene sobre sus hombros el peso de la ley. El que pone la cama y abona la factura. Sí, hablamos de los mal llamados "fondos buitre" y del sector financiero. El Gobierno asume que sus viviendas serán las que le solucionarán la mayor parte del problema y la oposición no tiene nada que decir al respecto. Y nadie responde a la pregunta clave: ¿está bien que le expropiemos, si no directamente, sí al menos de forma indirecta, las casas a los fondos buitre o a los bancos?
La ‘minifalda’
La justificación es que son ricos. Vamos, que van provocando, con la falda demasiado corta o el patrimonio demasiado grande. Porque si tienen tanto, que les quiten un poco no debería importarles. O que no les dejen usarlo durante un tiempo. O que se lo destrocen.
Esto que digo es generalizado. Nadie saca a relucir, ni a izquierda ni derecha, el principio moral básico: no robar. O, en el caso del Estado, no expropiar. Si algún argumento se escapa en favor de estos fondos es posibilista, práctico, de interés... Algo del tipo "a ver si se van a ir y fastidian el mercado" o "vamos a espantar inversores". Como si lo de robarle algo a alguien (y eso es la okupación y la inquiokupación) fuera una cuestión menor. Así, lo que le llega a la opinión pública es que el problema es que se van a ir, no que esté mal quitarles lo suyo.
Un "fondo buitre" (ya desde el nombre los calificamos) es lo mismo que cualquier otra empresa: un puñado de personas que han depositado allí sus ahorros en la búsqueda de un rendimiento. Y robarle está MAL. Sin más. Tengan mucho o poco.
Dicho esto, además, la parte práctica:
La nueva Ley de Vivienda les va a expulsar del mercado, porque las exigencias que impone son disparatadas. (1) No les deja poner el precio inicial: en las zonas tensionadas estarán limitados por un nuevo índice de contención de precios; (2) No les deja revalorizar la renta año a año (con otro índice, esta vez para que no suban la renta con el IPC); (3) Blinda al inquilino incumplidor y también al okupa de patada en la puerta, con exigencias jurídicas absurdas y que dispararán los abusos, como esa obligación de que tengan que ser los fondos-bancos los que demuestren la situación de necesidad del supuesto vulnerable y que en parte supone la inversión de la carga de la prueba; y alargando los plazos hasta el infinito y más allá.
Como, además, la definición de zona tensionada es muy laxa, afectará seguro a todos los mercados en los que operan. Según un estudio de Atlas Real State Analitycs, tomando como referencia códigos postales, casi el 21% del total cumple uno de los dos requisitos que establece la ley (gastos y renta por encima del 30% de los ingresos medios o subida superior a 3 puntos más que el IPC en cinco años; ver aquí el detalle). Eso es una media de todo el país, pero en mitad de Cuenca nadie está pensando que haya problemas con el alquiler: mientras, en provincias como Madrid, Las Palmas, Baleares, Málaga o Cádiz esas zonas tensionadas superan el 50%. Y si miramos la población y no el área, es peor: más del 80% de los habitantes de las provincias de Madrid, Barcelona, Baleares o Málaga vive en un lugar que podría pasar a ser calificado como "zona tensionada". En las grandes capitales, apenas habrá un barrio que se salve.
Cuando los buitres estén fuera, total o parcialmente, lo primero que notaremos es que no es verdad que su peso en el mercado sea el que nos dicen. Porque, aunque no hay cifras cerradas, entre otras cosas tendríamos que definir de qué hablamos: ¿sólo fondos? ¿También bancos? ¿Inmobiliarias con cartera de pisos? ¿Empresas familiares que invierten en inmobiliario? Digo que aunque no hay una cifra cerrada, en ningún caso estamos muy por encima del 4-5% del total. No son los fondos buitre los que mueven los precios de los pisos.
Una teoría muy ‘loca’
Aquí aparece otra teoría muy loca, pero exitosa. Esa que dice que los fondos buitre tienen el 20-30-50% de su cartera sin sacar al mercado para especular y disparar los precios. Esto de que unas empresas muy poderosas, una vez controlan un sector, dejan de vender para conseguir elevar los precios ha sido siempre una leyenda urbana más que una realidad. Los empresarios saben perfectamente que tener stock sin darle salida es peligroso y caro.
Y si esto tiene poca base en casi cualquier sector, ya si hablamos del mercado inmobiliario la marcianada es colosal: ¿para qué van a tener vivienda parada? ¿Cuánto tendrías que cobrar cuando la saques al mercado para compensar los 6-8-10 meses que ha estado vacía? Si los precios subieron porque no la alquilabas... en cuanto la saques al mercado, bajarán; y habrás hecho un pan con unas tortas. Si algo caracteriza a estas empresas es que intentan sacar cuanto antes casi todo lo que tienen al mercado y que su prioridad es no tener casas vacías.
Precisamente, el problema de expulsar al casero profesional no es sólo que reducirá la oferta total. Es que te cargas a la mejor parte de esa oferta para el inquilino: el más flexible, el que intuye antes las tendencias y comienza a poner vivienda a disposición del público en las zonas en las que suben los precios, el que menos tiempo tiene la casa vacía entre inquilinos, etc... A un particular le dejan su casa vacía y a veces, entre que me pongo, me da pereza y este mes no que estoy de vacaciones, transcurren cuatro meses y la casa sigue vacía; esto a los buitres ya les digo yo que no les pasa.
Decía antes que todas estas razones prácticas son menos relevantes que las otras, las morales. Pero desgraciadamente, porque dice mucho de nuestra sociedad, en España son las mejores para ganar el debate público. Porque sí, robar a Blackstone está mal. Y, además, es una estupidez.
Por último, de todo lo que contiene la Ley de Vivienda, lo más estrambótico es esa idea de que tienen que ser los grandes fondos los que le salven la papeleta social al Gobierno. Esto de que hasta que las administraciones no tengan una "alternativa habitacional", tenga que ser el propietario (sobre todo si es gran tenedor) el que le tenga que hacer política al Estado es de nota. Porque digo yo que sería tan fácil como que ese mismo Estado se convierta en avalista y pagador de segunda instancia de cada inquilino de España. Así cubre a los vulnerables, pero no descarga en otros la papeleta. Pues tampoco. Si les propones esto, te dicen que podría haber fraude, que sería muy caro, que cómo controlar si el inquilino puede pagar o no... Lo que no pueden alegar otros, al Estado le sirve de justificación sin problemas. Eso sí, a partir de ahora nada de Gobierno solidario ni de escudo social. En la próxima campaña publicitaria del Ministerio de Ione Belarra, que aparezca el CEO de Blackstone o Caixabank. Sería mucho más ajustado a la realidad. Ya que les robas, al menos que parezca que lo haces con cariño.