El gobierno de Pedro Sánchez ha decidido saltarse a la torera la legalidad internacional e incumplir los laudos internacionales que obligan a indemnizar con 1.161 millones de euros a los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas concedidas a las energías renovables. Aunque esta decisión se tomó hace una década y no es imputable a su gobierno, el presidente no quiere cumplir con las resoluciones del CIADI, tribunal competente en esta materia que depende del Banco Mundial.
Este planteamiento ha convertido a España en el segundo país que menos respeta este tipo de laudos, solo por detrás de Venezuela. Como era fácil imaginar, esta circunstancia no nos sale gratis, ni mucho menos. En las últimas semanas, Libre Mercado ha documentado los distintos embargos de bienes y activos que está sufriendo el Reino de España por culpa de la decisión de Sánchez de ignorar las más de veinte sentencias que exigen un pago a las empresas y compañías que vieron cómo les cambiaban las reglas de juego. Así, la justicia británica ha autorizado la congelación de una cuenta de banco, la toma de la sede del Instituto Cervantes en Reino Unido, un edificio de la Generalidad de Cataluña ubicado en pleno centro de Londres y una parte de los casi 1.000 millones pendientes de cobro por la catástrofe del Prestige. A esto hay que sumarle otro tipo de problemas, como el hecho de que cuatro bonos soberanos estén en default técnico por estos impagos.
Pues bien, esta semana conocemos una nueva derivada de lo que está pasando. Si hace unos días Libre Mercado publicaba las cartas que envió el Banco Mundial a Moncloa para pedir que España cumpla sus obligaciones, hoy este diario tiene acceso a la documentación que acredita el sobrecoste generado por los impagos. En total, 250 millones de obligaciones adicionales que hay que sumar a los 1.161 millones pendientes de resarcir.
¿Cómo es posible que terminemos pagando un 20% más? La respuesta está en los sobrecostes financieros y legales que se derivan de los impagos del gobierno:
1. En la medida en que Sánchez ignora las sentencias y deja pasar el tiempo, se van acumulando intereses que luego podrán ser reclamados por las empresas e inversores afectados.
2. Además, insistir en los impagos supone desembolsar millonarias facturas en concepto de contratación de bufetes internacionales.
3. Por último, en la medida en que el gobierno ha perdido 21 de estos procedimientos, las condenas a costas generan otro gasto adicional para el Reino de España.
Así las cosas, la factura final asciende a 250 millones, de los cuales 129 millones se deben a los honorarios de abogados y las condenas a costas y 119 millones se explican por el repunte de los intereses asociados al pago del principal de las indemnizaciones que ha decretado el Banco Mundial. Un escenario lamentable, que engorda más aún la factura que finalmente soportará el contribuyente, tanto en el caso de que los laudos se paguen como en un escenario en que el dinero se termine recuperando íntegramente a través de embargos a bienes del Reino de España.